La escuela pública, el mejor antídoto contra las falsas y anacrónicas guerras de religión de Carlos Sánchez en El Confidencial
La manipulación de las conciencias ha sido, desde siempre, uno de los instrumentos de dominación preferidos por el poder. La milicia, durante siglos, se aferró a la idea de patria para cimentar sus privilegios. El sistema expulsaba sin miramientos a quienes pensaban que la nación era la expresión legal de la sociedad civil, y no al revés. La Iglesia hizo exactamente lo mismo, aunque de una forma más sibilina. La religión católica -siglo y medio después de la revoluciones burguesas- seguía siendo la confesión oficial de España. Sólo la Constitución de 1978 fue capaz de romper ese extraño maridaje. Pero sólo en parte. Aunque la Carta Magna declara la no confesionalidad del Estado, los acuerdos previos con la Santa Sede firmados por Marcelino Oreja, y nunca revisados, se encargaron de echar agua al vino del laicismo que impera en todos los estados modernos y democráticos. Y es que el poder siempre se ha valido del clero y del Ejército para legitimarse, en una especie de santa trinidad que ahogó durante siglos el progreso y el bienestar de este país.
Ahora, y tras la manifestación de pasado sábado, los camposantos en los que descansaban los fantasmas de España han vuelto a removerse (ya sólo falta polemizar sobre la reforma agraria, que se decía en tiempos de la República). El Gobierno, torpemente, se ha encargado de establecer una ecuación diabólica: todo aquel que se manifiesta contra la Ley Orgánica de Educación en un secuaz de la Conferencia Episcopal o un simple peón en manos del aprendiz de brujo que desde las ondas sermonea por la mañanas. La Iglesia no le ha ido a la zaga. Aprovechando que el sistema educativo es una auténtica calamidad, se ha apuntado al carro para conservar sus privilegios. Como si la Iglesia -que hace de su capa un sayo en sus miles de colegios concertados- no fuera corresponsable de lo que está pasando. Es verdaderamente desolador pensar que en pleno siglo XXI este país siga analizando el problema de la educación a la luz de la religión. Muchas veces da la impresión de que los 30 años de democracia no han servido para nada. Sólo hay que echar un vistazo a uno de los carteles que portaba una religiosa en la manifestación del sábado: Menos talante y más democracia, como si fueran ideas antagónicas.
Es evidente que el sistema educativo tiene problemas, y muchos, pero deben de resolverse desde la plena autonomía del poder civil, sin interferencias de otros poderes; lo que no significa, evidentemente, que la Iglesia Católica no tenga derecho a criticar las leyes del poder civil. Tiene tanto derecho como obligación de no utilizar a muchos padres preocupados por la educación de sus hijos para sus fines y para su propia supervivencia.
El Concordato, firmado a los pocos meses de la muerte de Franco, es impropio de un país que se declara constitucionalmente no confesional. Ningún Gobierno se ha atrevido a renegociarlo a la luz de la Carta Magna. Que dios me perdone, pero el cepillo de las iglesias es hoy un formidable instrumento de dinero negro. Nadie sabe cuanto se recauda y a dónde va a parar. Y eso que el clero no paga impuestos. Mal hace la Conferencia Episcopal queriendo mantener unos privilegios que deslegitiman su funcionamiento. La Iglesia -como otros agentes sociales- ganaría credibilidad viviendo con el sufragio de sus fieles, pero no a costa del Estado, que le garantiza unos ingresos mínimos al margen de lo que ponga cada contribuyente en la casilla del IRPF. Y mal hace el Partido Popular escondiendo su discurso político tras sotanas y sacristías. Mariano Rajoy sabe que los estados modernos se diferencian de los que no lo son en que han sido capaces de poner a disposición de sus ciudadanos escuelas y centros públicos para que niños y jóvenes se eduquen procurando la igualdad de oportunidades. No me imagino a un canciller alemán o a un presidente francés manifestándose codo con codo con obispos y cardenales. Mientras no se demuestre lo contrario, la igualdad de oportunidades sólo la puede garantizar la escuela pública, gratuita y de calidad, lo que no es sinónimo de estatismo ni de control gubernativo. La escuela confesional tiene su público, pero no deja de ser un club privado en un contexto de separación de poderes Iglesia-Estado. Acudir a la tradición católica de los españoles para explicar el actual favoritismo no es más que un anacronismo. Es, de nuevo, la utilización de la Historia para fines partidistas, no para el interés general. Estoy convencido de que si en los años 70, con la llegada de la democracia, el Estado hubiera tenido recursos económicos suficientes para construir escuelas e institutos no se hubiera echado en brazos de los colegios religiosos, articulando el actual sistema de conciertos, que son el verdadero origen del problema.
Pero tampoco lo hace mucho mejor el Gobierno cuando se empeña en sacar adelante una ley que tiene algo de paradójica. Las autoridades de Educación no se han cansado de repetir en las últimas 72 horas que la LOE no modifica sustancialmente el estado de las cosas, pero, sin embargo, en lugar de hacer los cambios oportunos al texto todavía en vigor opta por presentar un nuevo proyecto de ley. No se si porque la ministra San Segundo quiere pasar a la historia como madre de un texto normativo o por un problema de ineptitud política. Al fin y al cabo, no hay ministro de Educación sin una ley que lleve su apellido, y ella no quiere ser menos. Lo mejor que puede hacer el Gobierno es sacar de las leyes educativas el asunto de la religión, una cuestión que atañe a las conciencias. Y dejar de atizar las guerras de religión como señal de que estamos ante un gobierno de rojos, aunque de misa diaria a la hora mantener los privilegios económicos de la Iglesia.
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