El caso de los créditos concedidos por la Caixa al PSC ha vuelto a aflorar dos problemas graves de nuestra democracia: la financiación de los partidos y la colusión entre lo público y lo privado.Incapacitado para dirimir cuestiones relativas a la OPA, Montilla tendría que irse a casa. Esta, sin embargo, ya no es una operación mercantil, sino una apuesta política del Gobierno Zapatero

El temporal no amaina, que sigue creciendo como esas tormentas tropicales caribeñas que engordan su potencial devastador a su paso por el golfo de México. Este diario, en scoop de Carlos Segovia, ha pillado esta semana al ministro Montilla con el carrito del helado, y los españoles se han sentido turbados de nuevo como si, viajeros a través del tiempo, hubieran regresado a los años del peor felipismo. Todo se embrolla y estalla al mismo tiempo: es el Estatuto catalán, es la negociación con ETA (demoledor retrato, en dos brochazos, del presidente Rodríguez por el pintor Arzalluz), es la OPA de GN, es la financiación de los partidos, es la LOE... Da la impresión de que el país se ha metido en un lío fenomenal, un laberinto del que resultará difícil salir.Es como si, en un acto de enajenación mental, hubiéramos decidido olvidarnos del mundo para dedicarnos a darnos mamporros. Medio país contra el otro medio. Decía Nietzsche que la Historia suele situar periódicamente a los españoles en bretes para los que no dan la talla. Menos aún la ha dado el ministro Montilla.
Su condición de ministro de Industria y de secretario general del PSC a finales de 2004, cuando se renegoció el crédito con la Caixa, le inhabilita para entender de cualquier decisión administrativa que tenga que ver con la entidad catalana y cualquiera de las empresas que forman parte de su grupo industrial. Por desgracia para él, el regalo no procede de Tomás Pascual, tan espléndido a la hora de obsequiar a media España con sus leches y yogures, sino de una Caja que ejerce un especial control sobre el sector energético español, un campo que cae de lleno en las competencias de Industria. Ocurre, sin embargo, que si lo anterior le inhabilita para el ejercicio del cargo de ministro de Industria, la ocultación al Tribunal de Cuentas de la condonación de la mitad de la deuda por la Caixa, le inhabilita simple y llanamente como político.Porque ese episodio demuestra que ha mentido en documento público y en el ejercicio de su cargo como secretario general del PSC.

Y ello con independencia de que establecer una relación de causa efecto entre la presentación de la OPA por parte de GN y una actuación potencialmente prevaricadora del ministro a favor de la misma no pase de ser un juicio de valor. Lo de esta OPA era un secreto a voces. En diciembre del año pasado todo el mundo estaba al cabo de la calle de que en el sector energético se iban a producir movimientos corporativos de importancia después del verano de 2005, como así ha sido, y no sin que antes hubieran fracasado, por iniciativa gubernamental, en este caso del Gobierno Aznar, operaciones de tanto calado como la fusión Fenosa-Cantábrico, la OPA de GN sobre Iberdrola, un intento, frustrado en el último minuto, de OPA de Repsol sobre la propia Iberdrola, y la fusión Endesa-Iberdrola.

Ocurre, sin embargo, que el Gobierno Zapatero se está dejando tantas plumas en la gatera de esta OPA, se está mostrando tan parcial a favor de la misma, que la sospecha está servida. Lo liviano de las condiciones impuestas esta semana por la CNE para llevar adelante la operación, o las presiones que el Ejecutivo está ejerciendo en Bruselas para quedarse con la competencia, no hacen sino abonar la idea de que el Gobierno tiene un interés especial en que Gas Natural se coma a Endesa. Perversa la situación por la que atraviesan las instituciones de un país donde cualquier operación mercantil (en principio, todas las OPA deberían llegar en franquía a los predios de los accionistas, que de acuerdo con los códigos mercantiles son, o deberían ser, los únicos capacitados para aceptarlas o rechazarlas según conviniera a su bolsillo) termina por convertirse en una operación política, con efectos devastadores para la salud democrática del sistema.

Porque este episodio nos obliga a remontarnos aguas arriba de algunos problemas básicos de nuestra democracia, como es el de la financiación de los partidos, fuente de casi todas las corrupciones, particularmente las urbanísticas. Los partidos siguen gastando a manos llenas, conocedores de que el sistema de bancos y cajas se avendrá a financiar la fiesta con resignada alegría. En la mayoría de los casos los gestores saben que no podrán cobrar intereses ni recuperar, siquiera, el principal, pero intuyen que ocasiones vendrán que de las pérdidas les resarcirán. «Condona que algo queda», en feliz expresión de Carlos Sánchez, quien, en El Confidencial del viernes, aseguraba que a finales de 2002 los préstamos «vencidos y no pagados» ascendían a 38,1 millones de euros, una cantidad muy significativa si se tiene en cuenta que las subvenciones del conjunto de las administraciones públicas ascendieron en 2002 (último año analizado por el Tribunal de Cuentas) a 156,6 millones de euros, y ello sólo para gastos ordinarios, puesto que los periodos electorales cuentan con dotaciones adicionales.

Sólo esta situación puede explicar que la Fiscalía y la Abogacía del Estado actuaran, durante el Gobierno de Aznar, como verdaderos abogados defensores del banquero Emilio Botín con ocasión de las indemnizaciones millonarias por él pagadas a Amusátegui y Corcóstegui, y sólo así se explica que, días después de llegar al Gobierno, el vicepresidente Solbes aclarara que la posición del Gobierno socialista en el caso no iba a variar en absoluto.Sufre la Justicia, sangra por la herida que la mantiene sometida a los intereses de una clase política escasamente democrática.Sólo así se explica que Emilio Ybarra se vaya a ir de rositas.Uno se queda con 20 millones de euros de nada para hacerse unos fondos de pensiones en EEUU, y no pasa nada. Si los devuelve, no pasa nada. Tan amigos. Y para que no se note tanto, conceden el tercer grado a Mario Conde y se publicita a fondo cuando ya llevaba meses en esa condición.

Algunas gentes de bien no dejan de alegrarse ante el aparente caos que vive el país, al suponer que las cosas tienen que empeorar lo suficiente para que puedan de una vez arreglarse. Optimistas, confían en que alguna vez los españoles acabarán por exigir a sus políticos que se dediquen a la política y saquen las manos del mundo del dinero, que acaben con el totum revolutum en que en España conviven lo público y lo privado, caldo de cultivo de todas las corrupciones. Confían en que se avengan a dotar, de una vez por todas, de verdadera independencia a los organismos de control encargados de fiscalizar la labor del Ejecutivo, de forma que cuando la CNE o el TDC adopten una decisión, con muchos intereses en juego, puedan pensar sin lugar a dudas que ha primado el interés general por encima del particular de bancos y cajas que se juegan miles de millones en el intento y que están dispuestos a corromper al lucero del alba.

Lo acontecido esta semana con la financiación del PSC pone de manifiesto algunas peculiaridades del cáncer que sufre la democracia española: por ejemplo, que el escándalo ocurre otra vez en el estanque dorado catalán ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Qué tipo de sociedad civil ha cristalizado allí, tras décadas de ideología única (nacionalismo), presidida por la ley del silencio? Por ejemplo, que estamos de nuevo ante un escándalo de corrupción que vuelve a sacudir los cimientos del socialismo español, poniendo en evidencia que el PSOE de Rodríguez no completó su travesía del desierto, no llevó a cabo esa revolución ética que parecía inevitable tras los desastres del felipismo. Los mismos o parecidos perros con idénticos collares: Rubalcaba, referencia de poder en el PSOE de González, lo sigue siendo en el de Zapatero , además de nexo de unión entre Prisa y el PSOE, el gran secreto a voces de nuestra democracia.

El resultado del envite es que el Gobierno tiene una vía de agua de muy difícil sutura con un ministro como Montilla, incapacitado para dirimir cualquier cuestión relativa no ya a esta OPA, sino al grupo de empresas participadas por la Caixa. En cualquier país de tradición anglosajona, el cordobés tendría que irse a su casa. Aquí, no. Aquí la OPA se pudre y sube de nivel. Ahora ya no se trata de una operación mercantil, sino de una apuesta política del Gobierno. Zapatero ya no se puede permitir perder este pulso: ahora tiene que ganarlo por pelotas. ¿Incluso a costa de los fondos estructurales?

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