LA Constitución francesa de 1958 no incluye ningún artículo dedicado a reconocer y proteger el derecho de reunión: se remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que reconoce los derechos de toda persona a circular libremente; a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; a ser oído por un tribunal independiente; a un recurso efectivo ante los tribunales que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales; a la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad; a no ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos; a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada.

Desde que el pasado 27 de octubre comenzaron los disturbios callejeros nocturnos en algunas ciudades francesas, la Policía ha detenido a 1.893 personas, la Justicia ha llevado a prisión a 364 personas, y 260 acusados han sido condenados en firme a penas de prisión, mientras que el resto aguarda en centros penitenciarios a la espera de ser procesados. Sorprende que la sociedad francesa haya aceptado sin rechistar la autorización a los prefectos para decidir libremente el toque de queda. Pero sorprende aún más que haya recibido sin preocupación la noticia de que el prefecto de Policía de París va a prohibir durante este fin de semana toda concentración en las calles de la capital francesa. Quienes incumplan la orden, que es una presunta vulneración del derecho de reunión, serán multados con 3.750 euros y podrían ser condenados a ocho días de cárcel. Eso equivale a una suspensión de garantías constitucionales semejante a un estado de excepción, que necesita algo más que un visto bueno del ministro del Interior. Es preocupante que el terrorismo y la violencia de los marginados estén consiguiendo su objetivo: que los gobernantes desmonten subrepticiamente el Estado de Derecho y los ciudadanos acepten que es imprescindible reducir sus libertades para su mayor seguridad.