Aún no hace quince días, el pasado 27 de octubre, dos adolescentes franceses, de 15 y 17 años, fallecían electrocutados al huir de la Policía en circunstancias aún por aclarar. Eran descendientes de familias emigradas y vivían en barrios marginales de la periferia de París. Desde entonces la violencia vandálica de las bandas juveniles se ha extendido por todo el territorio provocando destrozos que han causado gran alarma en toda Europa, ante la posibilidad de que el mal ejemplo se extienda a otros países. Francia es un país de referencia social y cultural, y todo lo que allí ocurre produce un efecto contagioso, más pronto que tarde. Mientras tanto, las interpretaciones sobre el fenómeno se suceden y, como ocurre casi siempre, cada cual apunta hacia el enemigo en la sombra que más le interesa. Unos señalan a los jefes mafiosos que controlan el tráfico de la droga; otros, a los lideres islamistas radicales que pescan en río revuelto, y tampoco faltan quienes cargan la culpa sobre los cambios en la política social y el papel provocador de la Policía. El ministro del Interior, Sarkozy, que llamó «chusma» a los manifestantes que protestaban por la muerte de los dos jóvenes, es un reconocido partidario de la línea dura. Las elecciones presidenciales están próximas y el partido conservador necesita hacer gestos de complicidad hacia los votantes de extrema derecha. Justamente hacia ese sector de opinión que propició indirectamente su llegada al poder, cuando el electorado de izquierdas optó por apoyar a Chirac como mal menor, tras la debacle socialista. Sea lo que fuere -o todo junto y a la vez-, el problema de fondo es antiguo. Ya en 1983 los jóvenes descendientes de familias de inmigrantes de origen africano hicieron una marcha pacífica por todo el territorio francés para llamar la atención de la clase política y de los medios de comunicación social sobre sus condiciones de vida. (Baste decir que apenas un 5% de los hijos de inmigrantes consigue acceder a la Universidad, y de ese reducido grupo un 26% está en el paro por las dificultades de aceptación social). Nadie les hizo caso y los males se agravaron, con los resultados que vemos ahora. Pero reducir el asunto a la inadaptación de los hijos de los inmigrantes en Francia, o al racismo, es una simplificación peligrosa. El sistema económico imperante -globalizado, insolidario- está empezando a dejar en territorio de nadie a gran parte de una juventud que no encuentra más que trabajo precario o mal pagado, y prácticamente ninguna posibilidad de asentamiento profesional estable. En la medida en que goza de protección familiar, identidad cultural, y disfruta de las ventajas de un Estado del bienestar declinante, esa juventud va tirando, con la sensación engañosa de que algo bueno puede pasar en cualquier momento. No es el caso de los jóvenes inadaptados -o «desafiliados»- de Francia. Su sensación de orfandad es más aguda. Y su rabia, mayor.