Desde las doce de la noche de ayer es de aplicación en 'zonas definidas' de Francia una legislación sobre el estado de emergencia que, entre otras cosas, permite a los prefectos (gobernadores civiles) instaurar el toque de queda y, horas antes de que entrara en vigor, la ministra de Defensa, Michèle Alliot-Marie, canceló un viaje a Australia. Ni es seguro que el 'couvre-feu' sea impuesto sistemáticamente ni que se vaya a recurrir al ejército, pero lo primero es ya una abierta previsión que mucha gente desea ver rápidamente aplicada y lo segundo fue excluido por el primer ministro con el prudente «por el momento». La ley reactivada por el Gobierno es de abril de 1955, es decir, de cuando el Gobierno de entonces (IV República, con un tal François Mitterrand en el Ministerio del Interior) comprendió que las explosiones en Argel el primero de noviembre del año anterior eran ni más ni menos que el principio de la guerra de Argelia.

Las dos situaciones no sólo no son equiparables, sino que son enteramente distintas: en aquella, un poder colonial entiende salvar a cualquier precio la 'Algerie Française' y en la presente, la crisis social y la revuelta nocturna en los barrios degradados es el certificado del fracaso en la integración social, la expresión de la cólera de los excluidos y el llamamiento a una revisión del modelo.

Todo el mundo, como ayer hacía en su editorial el acreditado 'Le Monde', reconoce que las responsabilidades están bien repartidas entre la izquierda y la derecha, que se han alternado regularmente en el poder por decisión soberana de los franceses, pero lo cierto es que hace ahora tres años largos que gobierna la segunda y que el impacto de la globalización sobre la vida industrial y la desesperante atonía económica (el PIB crece raquíticamente) ha empobrecido al Estado y aumentado la incertidumbre.

Jacques Chirac sabía de sobra que cuando el domingo entró por fin en escena y anunció que lo primero es el restablecimiento del orden en su versión de seguridad ciudadana daba en la diana de lo que, en efecto, el público percibe como prioritario. Pero la expresión 'ordre républicain' es mucho más que eso y remite, por fortuna, al orden en su registro moral, el de la ética política que alimenta una República de iguales desde la tradición de la Revolución.

El Gobierno sólo tendrá éxito si consigue que el orden público sea una parte del orden republicano, que es cosa bien distinta.