La pregunta vuelve otra vez a ser la misma: ¿puede permitirse utilizar la libertad de uno contra la libertad de todos? ¿Puede el PP gastar su dinero institucional, para obtener futuros votos, contra las instituciones democráticas? El que el principal partido de la oposición utilice sus finanzas públicamente para desautorizar el funcionamiento normal de la instituciones democráticas es un ejercicio de la libertad particular contra la libertad general y contra las líneas sensibles del Estado de derecho; el que denuncie que el Congreso, representante del pueblo español según la Constitución, está engañando al pueblo español al que representa, más allá de una falacia, es una traición a la propia norma fundamental. Ello plantea institucionalmente no sólo una desconfianza general frente a los cauces de la democracia representativa que se ventila a través de los procesos electorales sino, de manera directa, la ruptura de las reglas de juego fijadas por la Constitución. Y el mayor sarcasmo es que se rompen esas reglas para salvar --dícese en uno de sus eslogans publicitarios-- la Constitución. O sea, que se actúa antidemocráticamente para salvar la democracia.

En este país, lo sabemos, los golpes de Estado siempre han invocado razones trascendentes para salvar a la patria. Ahora se invoca el patriotismo constitucional, otro eslogan de creación aznarista, juvenil antidemócrata como muy bien se sabe, a través de una campaña que niega legitimidad a las Cortes Generales para tramitar la reforma del Estatut de Catalunya, como lo que es, es decir, como una reforma de un estatuto. Y eso es lo que se está realizando; y eso es lo que, en agresiva campaña publicitaria, niega el principal partido de la oposición: ¡España mía o de nadie! Nos vuelven a hacer que nos duela España; y, de verdad, a eso no hay derecho y menos aún un derecho constitucional.

Más allá de los sentimientos, esta campaña va dirigida contra la inteligencia y las instituciones. Es una campaña con claros visos de campaña electoral. Pero no estamos en periodo de elecciones y algo debería decir la Junta Electoral Central antes de que, a lo peor, se intente, una vez más, salvar a la patria.

Miguel A. Aparicio, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona