Después de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados y la admisión a trámite del Estatuto de Cataluña, que encierra una reforma de la Constitución hacia un Estado federal, nadie puede llamarse a engaño. El presidente Zapatero ha tomado la iniciativa y su decisión afecta de manera colegiada a todos los ministros de su Gabinete, aquí incluido el de Defensa, José Bono. De la misma manera que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha embarcado a todo su partido en la aventura federal sin tener la menor garantía de que los puede conducir a buen puerto porque ahora su estrategia depende de las decisiones que sobre el Estatuto adopten los nacionalistas catalanes.

En estas circunstancias, quienes en el Gobierno y en el PSOE se oponen a esta reforma y a esta política están políticamente en peligro, porque la estrategia “interior” de Zapatero consiste en quemarlos durante unos meses como cómplices y luego relevarlos o marginarlos en el Gobierno y en el PSOE, respectivamente. José Bono y Alfonso Guerra están, pues, en peligro, políticamente hablando.

Como lo están otros miembros más tibios pero contrarios al Estatuto catalán del Gobierno de Zapatero, como son Juan Fernando López Aguilar y José Antonio Alonso, y no digamos otros dirigentes del PSOE que el propio Zapatero pretende marginar y eliminar en sucesivos congresos regionales, con excepción hecha de aquellos que tienen mando en plaza, como el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, o el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que están a salvo de la cacería interna que la guardia pretoriana de Zapatero en el PSOE está empezando a organizar para que nadie desde dentro obstaculice o ponga en peligro los planes de Zapatero.

De la misma manera que la guardia pretoriana de la Moncloa está buscando el momento oportuno para eliminar a Bono cesándolo en el Gobierno, pero una vez que el ministro se haya quemado lo suficiente como cómplice o cooperador necesario de la operación federal de Zapatero, porque a partir de ahora Bono ya no puede levantar la bandera de España y decir que todo va a llegar a buen término, como dijo ayer, subrayando, con un cierto candor y poca convicción, que los comisionados del Estatuto catalán en el Congreso, Carod, Mas y De Madre, fueron más moderados que el propio Estatuto.

El ministro, que se ausentó explícitamente de una gran parte del debate, ya no puede disimular y además sabe que éste debe ser su momento y que tiene una responsabilidad política con España y con su propia coherencia política. Porque el camino que se ha iniciado ayer, después de que Zapatero defendiera la identidad nacional catalana y le quitara hierro al término nación por su clara vocación federal y su iluso proyecto político, ya no tiene vuelta atrás, por mucho que se limen aristas, porque todas no se van a limar.

Es, pues, la hora de la clarificación de la posición de Bono y también es la hora de la clarificación de Guerra si no quieren ambos dos aparecer mezclados e implicados en todo un proceso que incluye riesgos incalculables y temerarias decisiones como la aprobada en el Congreso de los Diputados. O como las anunciadas por el propio Zapatero, que no tuvo pudor alguno a la hora de invitar al PNV a traer a Madrid un Estatuto idéntico al que han redactado en Cataluña, a sabiendas de que es inconstitucional. Invitación al País Vasco que es, por tanto, extensiva a todas las comunidades autónomas, que están en su derecho de imitar a Maragall y a sus aliados, cosa que ya están haciendo, por ejemplo, en Canarias. Y esto no ha hecho nada más que comenzar.

Cabe imaginar que después de lo ocurrido ayer en Madrid tanto el ministro de Defensa como Alfonso Guerra y otros altos cargos y dirigentes políticos del PSOE estén reflexionando durante unos días antes de tomar una decisión. Pero esa reflexión no se puede prolongar en el tiempo, porque cada día que pasa juega en su contra, y ello por mucho que desde el Gobierno y desde el PSOE les quieran transmitir el mensaje, presuntamente tranquilizador, que va difundiendo por ahí el secretario de Organización de este partido, José Blanco, cuando afirma que el Gobierno y el PSOE tienen encuestas en las que se dice que la mayoría de los españoles no están preocupados por el momento por la reforma del Estatuto catalán y que eso no afecta a la intención de voto y al apoyo electoral que hoy tiene Zapatero.

En la Moncloa y en el PSOE se pasan el día haciendo encuestas y cálculos políticos sobre los sondeos de opinión, pero el que una mayoría de ciudadanos todavía no sean conscientes de lo que está ocurriendo en España no es argumento ni excusa para que Zapatero y su equipo puedan permitirse el lujo de abrir por su cuenta una reforma constitucional, que además de ilegal abre la puerta a una crisis institucional de grandes consecuencias.

Bono y Guerra deben hacer honor a sus creencias, mal que les pese, aunque corran riesgos en su carrera política y a pesar de que incluso coincidan en esto con el PP y lo acompañen en esa soledad sonora en la que Zapatero y sus aliados nacionalitas lo quieren encapsular. En estos momentos no estamos en un debate ideológico ni en una campaña electoral, sino al comienzo de un camino abierto por Zapatero que nadie sabe a dónde conduce ni hasta dónde puede llegar.