Ni Rodríguez Zapatero tuvo la lucidez de Azaña ni Mariano Rajoy estuvo a la altura intelectual de Ortega y Gasset cuando en 1932 se discutió en las Cortes el estatuto de Catalunya. Los tres tenores que abrieron el debate en nombre del Parlamento catalán lo hicieron con convicción, con el corazón en la mano y pidiendo respeto a la voluntad de la mayoría de catalanes.

Los actores no son los mismos que los que se batían en aquella lejana y frustrada república. Pero los problemas y el fondo de los discursos perduran. Catalunya es un problema continuo en la historia de España, decía Ortega, y lo único serio que unos y otros podemos hacer es arrastrarlo noblemente por nuestra historia, es conllevarlo, dándole en cada instante la mejor solución relativa posible.

Manuel Azaña pronunciaba unas palabras históricas en defensa del Estatut: “Catalunya dice, los catalanes dicen: queremos vivir de otra manera dentro del estado español”. Yo no sé si esto es fácil o difícil, decía Azaña, pero nuestro deber es resolverlo, sea difícil o no.

Volvemos a estar ante la misma encrucijada. Con una diferencia notable. El Estatut no es otra cosa que abrir la puerta a una España federal que se insinuaba en la Constitución de 1978 al otorgar la autonomía a los que se consideraban nacionalidades o regiones. Pero el griterío, las campañas anticatalanas, la desconfianza de fondo con Catalunya persisten. El Partido Popular no parece dispuesto ni siquiera a conllevar el problema. No lo quiere afrontar porque entiende que España tiene una foto fija, inalterable, que determina la Constitución vigente que con tan poco entusiasmo defendieron los conservadores hace 27 años.

Zapatero, con un discurso precario y disperso, quiso resaltar los beneficios que la descentralización política y administrativa han reportado para todos los españoles. Es evidente el progreso que ha vivido España en su conjunto en un periodo tan prolongado de paz política y social.

Pero un estado de autonomías no existe en el derecho comparado porque es un tránsito entre el centralismo francés y el federalismo alemán o americano. Tarde o temprano, se denomine como se quiera, la España federal va a abrirse paso.

Mariano Rajoy estaba en lo cierto en que los estados europeos han cedido importantes competencias hacia instituciones de la Unión. Desde la política financiera hasta la caída formal de fronteras. Pero también pudo añadir que los estados tienden a ceder competencias hacia sus respectivos territorios.

Los estados son fuertes y perdurarán muchas generaciones, posiblemente muchos siglos. Lo que va a cambiar es su función. No tanto por las ambiciones políticas de los territorios, pueblos y naciones que pueden convivir dentro de un mismo estado sino porque la globalización en todos los ámbitos de la vida nos alcanza a todos. El gran fenómeno de la inmigración, por ejemplo, se podrá gestionar mejor desde la Rioja o desde Catalunya que desde un ministerio situado en la capital del Estado. España, no teman los predicadores mañaneros, no va a desaparecer. Lo que va a cambiar es su organización, el reparto del poder económico, financiero y mediático.

Pienso que la independencia no tiene sentido en el contexto de futuro. Lo que puede prosperar más en esta Europa de veinticinco Estados y pronto de veintisiete es la interdependencia. Todos nos necesitamos y nadie es prescindible. Me gustaría que este Estatut reflejara esta filosofía aunque el texto que va a debatirse en el Congreso está muy lejos de esta visión. Catalunya tiene que ser Catalunya y España debe acoger a todos los pueblos y naciones para que se encuentren cómodos y puedan moverse con tranquilidad y con igualdad de derechos por todo el territorio dentro de las instituciones europeas.

Ya sé que a muchos de ustedes les puede parecer una utopía esta visión. Yo creo en ella. Creo en los ciudadanos, en sus derechos, en sus obligaciones, en su solidaridad y en su capacidad de comprender a los demás. Pero por lo que he observado en el Congreso estamos más bien instalados en el siglo XIX que en el XXI.

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