En relación con el gigantesco ruido que están produciendo los políticos y los medios de comunicación españoles, en torno al Estatut de Catalunya, llama la atención la sobreactuación demagógica puesta en escena por quienes han impuesto su nación española, a sangre y fuego, durante ya demasiado tiempo, tanto en la vieja ultraderecha franquista, ahora supuestamente capitaneada por Rajoy, como en algunos sectores ranciamente jacobinos del PSOE.

Podemos comprender -¡qué remedio!- que las huestes de Aznar recurran a provocar el miedo más hipócrita y cerril en el español medio en referencia a esta cuestión. Al fin y al cabo, el discurso del miedo ha sido siempre el gran recurso de los más reaccionarios social y políticamente, y el Partido Popular está viendo cómo la sociedad española heredada del nacionalcatolicismo, en la que se encontraban tan cómodos y de la que se sienten valedores, se les viene poco a poco abajo: con la nueva legislación sobre el matrimonio nos han asegurado que se están derrumbando los pilares de la sociedad; con el asunto de la asignatura de religión (católica) en la enseñanza pública, nos han advertido de que la sociedad entera se vendrá abajo y viviremos sin valores y sin norte moral. Los cambios en la legislación sobre el divorcio, facilitándolo, o el futuro nuevo estatus de la Iglesia católica respecto al estado español no han hecho más que avivar la convicción de la Caverna en la idea de que el Apocalipsis, siquiera el hispano, está cerca. Ya solo falta que fracase de nuevo el Real Madrid.

En lo que respecta a la cuestión nacional, tal vez el gran fetiche del fascismo español, nos prometen ahora sufrimientos sin cuento si los “separatistas” consiguen romper la supremacía identitaria española –que no el Estado, como quieren hacer creer a los españoles-, y si Zapatero –él solo, al parecer- acaba por arrumbar los “acuerdos que hicieron posible la Transición”, como gusta decir a gente como Zaplana y Acebes, recordándonos así que si hoy hay democracia en España se debe a que los perdedores de la Guerra Civil, representados mayoritariamente por el PSOE, se comprometieron con los vencedores de aquella contienda, los fascistas, a respetar ciertas cuestiones que jamás debían cambiar en su España.

Sin embargo, tienen que reconocerme que resulta triste que también entre las filas socialistas haya elementos que consideren que Aznar tiene razón, y que el concepto fascista de la nación española es el que debe primar en la España del siglo XXI.

De entre todas las barbaridades y estupideces que se están haciendo y diciendo a raíz de la aprobación en Catalunya de su nuevo Estatut, creo que resultan de una especial relevancia para Euskadi, por lo que nos va a tocar, esperemos, a no mucho tardar, dos sucesos concretos.
El primero de ellos es el cúmulo de torpezas que ha cometido el PSOE alrededor de su decisión de someter el texto aprobado en Catalunya a un grupo de expertos en Derecho Constitucional, de cara a valorar su encaje o no en la carta magna española.

Recordarán ustedes que, una vez aprobado el Estatut, diversos líderes socialistas, con Zapatero a la cabeza, se apresuraron a decir, ante el inmenso ruido generado por la ultraderecha, que dicho texto solo podría salir adelante si encajaba en la Constitución. Aseguraban que la histeria que estaba generando el PP no tenía razón de ser porque el Estatut quedaría “limpio de polvo y paja” inconstitucional en su trámite en las Cortes. Anunciaban, en relación con ello, que iban a someter el texto a un grupo de catedráticos en Derecho Constitucional para saber cuáles eran esos hipotéticos contenidos no aptos para su aprobación, y dejaban caer su opinión sobre algunas cuestiones concretas: la calificación de “nación” para Catalunya, la bilateralidad, la financiación, la presión sobre ciertas leyes orgánicas o su influencia sobre el mercado único, entre otras.

Con el paso del tiempo, el PSOE dejó que se asentara en la sociedad española la convicción de que esas cuestiones quedaban claramente fuera de la Constitución y serían adecuadamente alteradas en su momento.

Sin embargo, el informe de ese notable grupo de expertos constitucionalistas fue tajante: en el Estatut no había ni un solo artículo que fuera abiertamente anticonstitucional. Solo encontraba cuatro puntos que podían resultar dudosos, pero incluso matizaban esta aseveración dejando claro que tales puntos eran básicamente conceptos políticos y, por tanto, su constitucionalidad o no dependía del correspondiente debate de índole política, dejando la cuestión así abierta.

Este informe para el PSOE ha sido demoledor, aunque parece que no le ha importado a nadie. Después de haber colaborado con el PP en la extensión entre la población española de la idea de que gran parte de los principales conceptos del Estatut eran inconstitucionales, resultaba ahora que los constitucionalistas reunidos por ellos mismos les decían que nones, que tal cosa no es cierta, y que el Estatut es completamente constitucional, salvo matices políticos en cuatro miserables puntos. ¿Cómo evitar el ridículo ante una contradicción pública tan evidente?

La salida de Pepe Blanco, jefe del aparato del partido socialista, ante esta situación ha sido de libro: como ciertos contenidos del Estatut han generado alarma social entre los españoles, y dado que el Parlamento Nacional está sobradamente legitimado para hacer los cambios que crea oportuno en cualquier norma que se le presente, en nombre del interés general de España, a pesar de que nuestros expertos aseguran que el Estatut es plenamente constitucional, vamos a hacer en este proyecto los cambios que nos dé la gana, para que se adecue a lo que creemos conveniente.

O sea, que después de haber exigido consenso a los catalanes, y después de haber asegurado, por activa y por pasiva, que el único límite para los estatutos de autonomía es la Constitución, llegado el momento PSOE y PP van a hacer con el Estatut lo que les dé la gana, a pesar de que, según los propios expertos convocados por el PSOE, el proyecto aprobado es plenamente constitucional. De donde, no cabe otra, tenemos que deducir que todo lo que se ha dicho sobre los estatutos y la Constitución no era más que un miserable juego de palabras para engañar, una vez más, a las mentes de corto alcance. Porque, llegado el momento, lo único que cuenta es la voluntad, pura y dura, de los detentadores de las esencias de la nación española. Ni leyes, ni política, ni voluntad ciudadana, ni democracia, ni respeto. Lo único que cuenta es, en definitiva, la voluntad de quienes tienen la fuerza necesaria para imponerla.

La segunda cuestión también está relacionada con los expertos constitucionalistas. Así, después de que los expertos del PSOE hayan aseverado que el Estatut es plenamente constitucional, es el Partido Popular quien va a reunir a sus propios expertos constitucionalistas, aunque en esta ocasión no lo harán para analizar si el Estatut es constitucional o no, sino para que señalen con total claridad en qué puntos se concreta su evidente anticonstitucionalidad. Si recordamos que ya el Partido Popular, tras una primera y apresurada lectura del Estatut, aseguró en su momento que habían detectado varias decenas de elementos podridos de anticonstitucionalidad, y si tenemos en cuenta que la FAES de Aznar ha acusado al proyecto incluso de promover la poligamia, nos podemos hacer una idea de cuál va a ser el sentido de la valoración de sus expertos.

Y aquí es donde nos topamos con el meollo de la cuestión: si el texto de la Constitución es uno, y solo uno, y si hemos de pensar que los catedráticos en Derecho Constitucional convocados por PSOE y PP son gente realmente competente, entonces, ¿cómo es posible que el Estatut sea constitucional y anticonstitucional al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que la Constitución acoja totalmente el texto del Estatut y lo rechace de forma igualmente total al mismo tiempo?
Alguno podrá decir que todo texto político, y una Constitución lo es, siempre es interpretable. Pero a este supuesto interlocutor yo le haría dos precisiones, que creo de importancia vital.

Una, que si todo texto político es interpretable, la labor hermenéutica nunca puede llegar hasta el extremo hacer decir al texto lo contrario de lo que de forma expresa recoge, porque eso ya no es interpretación, sino tergiversación interesada que esconde una intención maliciosa. En el caso que nos ocupa, pretender que la naturaleza interpretable de la Constitución española llega al extremo de significar una cosa y la contraria al mismo tiempo, en manos de supuestos expertos constitucionalistas, no hace sino demostrar que no nos encontramos ante legítimos trabajos de hermenéutica política, sino ante un caso manifiesto de manipulación interesada con el fin de obtener unos objetivos políticos concretos. Con esto, la democracia salta por los aires.

Segundo, es necesario dejar claro a este hipotético interlocutor que la Constitución, además de un texto político, también es un texto con consecuencias jurídicas. Y ello trae a colación uno de los objetivos más importantes del Derecho: acabar con la ambigüedad para hacer imposible la arbitrariedad. Pues bien, si esto es así, ¿qué valor tiene entonces la Constitución española, si su letra puede significar una cosa y la contraria en manos de aquellos que tienen el poder necesario para arrogarse la exclusividad de su interpretación? El concepto de “inseguridad jurídica” se queda corto a la hora de dar fe de la indefensión en que quedan quienes no comparten los objetivos políticos de PSOE y PP.

El proceso puesto en marcha por el Estatut está sirviendo, pues, para dejar en evidencia la desvergüenza antidemocrática de los dos principales partidos españoles, que se están mostrando como agentes políticos capaces de saltarse las más básicas normas democráticas, incluso la corrupción radical del texto de los textos, para imponer finalmente su voluntad; una voluntad que hasta ahora permanecía escondida detrás de hábiles juegos de palabras, mucho ruido mediático e hipócritas exigencias de respeto a la democracia a quienes no tienen ningún poder para hacer aquello de lo que se les acusa.

Quienes realmente tienen el poder, aquellos que controlan a los dos principales partidos españoles, hace ya mucho que se apropiaron de la Constitución, convirtiéndola en material maleable bajo su dominio, y de todos los poderes del Estado, que han sido repartidos entre ambos como quien se reparte una pastel y convertidos en obedientes agentes de sus objetivos políticos y sociales. Se reproduce la misma situación que en 1.936, con la diferencia de que los dos bandos, en esta ocasión, en lugar de buscar su mutua aniquilación para quedarse en exclusiva con España, han decidido repartírsela al cincuenta por ciento.

En esta tesitura, ¿qué papel nos toca a los pueblos vasco, catalán y gallego? Y tenemos otra pregunta más perentoria aún: con este panorama en España y con la perspectiva de poner en marcha un supuesto proceso de normalización que devuelva la estabilidad política y social a Euskal Herria, ¿podemos permitirnos el lujo de ser optimistas ante la posibilidad de obtener realmente un acuerdo satisfactorio para todos?

josemariachacon@izaronews.com