EL discurso pronunciado por Mariano Rajoy en el debate de toma en consideración del Estatuto de Cataluña constituye una de las mejores piezas oratorias del actual período democrático. Fue bueno en la forma porque resultó diáfano, ameno y comprensible. Excelente en el fondo, porque se ciñó estrictamente a los objetivos del debate. Eficaz en sus propósitos, porque tuvo el efecto de una apisonadora que desarmó las celadas del talante y puso negro sobre blanco la realidad del problema y sus implicaciones procesales. Riguroso en lo jurídico, porque supo moverse con soltura entre la doble naturaleza legal y política del pacto constitucional. Y apasionante en lo político, porque no rehusó las afirmaciones incómodas ni la soledad parlamentaria, y porque tuvo una extraordinaria habilidad para decirle a los redactores del proyecto que no habían hecho bien su trabajo, y que todo se derrumbaría como un castillo de naipes si no se usase como argumento de autoridad el nombre de Cataluña.

Zapatero, en cambio, perdió la última oportunidad de encauzar por veredas razonables un Estatuto que, si bien es cierto que puede ser impuesto por la aritmética parlamentaria, en modo alguno constituye un paradigma para otras autonomías, ni un instrumento adecuado para serenar las tensiones de la política catalana. La idea de que el Estatuto adolece de graves defectos en sus elementos vertebrales fue compartida por el jefe del Gobierno y el jefe de la oposición. Pero, mientras Rajoy desgranaba con absoluta precisión la dura terapia que pretende aplicar para resolver este galimatías incontrolado, Zapatero optaba una vez más por la huida hacia delante, como si el hecho de dulcificar las contradicciones equivaliese a resolverlas.

La comparación entre lo sucedido con el plan Ibarretxe y con el Estatuto de Maragall es sencillamente demoledora. Porque, si bien es cierto que las dos propuestas podrían ser aceptables como elementos desencadenantes de la profunda revisión constitucional que ahora se niega, ambas cometen el mismo error, e incurren en la misma inviabilidad, cuando se proclama -al mejor estilo de Bono, Guerra, Vázquez e Ibarra- la vigencia sustantiva del orden constitucional. Y por eso es evidente que, si se revisan conjuntamente las sesiones del Congreso que examinaron las iniciativas de Ibarretxe y Maragall, mientras el PP sale reforzado con una política coherente que aplica a la defensa de su modelo de Estado, el PSOE sale envuelto en una grave contradicción que sólo puede explicarse desde los prejuicios y los intereses políticos, y con una incoherencia que, en palabras de González, compromete seriamente el espacio público de nuestra democracia.