La huelga rentable, de Juan Neira en El Comercio
La minería del carbón está convocada a una huelga general de 48 horas que ha venido precedida por paros espontáneos en los pozos. Ningún sector laboral tiene la épica de la mina, por sus luchas en el pasado siglo en pos de la mejora de las condiciones de trabajo o por la exigencia de libertades políticas. Convocan la huelga las mismas organizaciones sindicales de antaño, pero el objetivo de la protesta es muy distinto: prejubilaciones a los 52 años que, una vez aplicados los coeficientes reductores, se transforma en poder irse para casa a los 41 ó 42 años. La negociación sobre el plan de la minería para el periodo 2006-2012 ha encallado en ese punto, ya que el Gobierno plantea que en los últimos años del plan sea preciso tener la edad de 45 años para prejubilarse, mientras los sindicatos consideran que el abandono de la actividad a los 41 ó 42 años es una conquista social irrenunciable. Una conquista social que sale a 500.000 euros por cada trabajador. No hay ningún país en el mundo suficientemente rico para otorgar ese tipo de derechos a sus trabajadores.
Las prejubilaciones se pusieron en marcha en 1991, cuando Felipe González se decidió a cerrar pozos para detener las pavorosas pérdidas de la minería. Para que no hubiese un ajuste traumático, los mineros se podían prejubilar con la condición de haber cumplido los 47 años. Luego, llegó Aznar, y aplicó un 'plan anestesia', con prejubilaciones sin límite de edad, que supuso para todo el sector del carbón pasar en siete años de 22.500 mineros a 8.284.
Un caso paradigmático
El caso de Hunosa es paradigmático: en el año 1998 había 8.792 empleos y ahora hay 3.486. En siete años se ha amortizado el 63% de la mano de obra de Hunosa. Para vender un plan tan liquidacionista, junto a las generosas prejubilaciones se inventó el programa de los fondos mineros, que tenía por objetivo paliar el impacto territorial de la pérdida de empleo. Para la construcción de carreteras, el fomento de iniciativas empresariales o la concesión de becas se dedicaron 3.100 millones de euros. Y llegamos al momento presente.
Los sindicatos fueron conscientes que, con el actual ritmo de pérdida de empleo, en cuatro años no habría una mina abierta, y demandaron un techo alto de producción. Hay acuerdo en no bajar de los 9,2 millones de toneladas al año en el plan que se está negociando. Para cumplir ese objetivo, el Ministerio de Industria plantea una plantilla final de 6.671 trabajadores y acepta jubilar a 3.113 mineros. Habría 1.500 incorporaciones. Sin embargo, los sindicatos quieren prejubilaciones sin límite de edad física, lo que supondría mandar a la mitad de la actual plantilla para casa. En la minería castellana ya hay algún caso espectacular de prejubilación precoz.
La propuesta sindical conlleva dos problemas; uno, el elevado coste de la factura de retirar a los mineros del mercado de trabajo, que estaría por encima de los 2.000 millones de euros; el otro problema es el de mantener el sector, porque no habría mano de obra para cumplir los compromisos de producción. ¿Alguien se cree que hay 2.500 jóvenes desempleados en las cuencas mineras dispuestos a bajar a los pozos? ¿Por qué se incumplió radicalmente el mecanismo de cuatro incorporaciones por cada once prejubilaciones que preveía el plan vigente? Además, con la mitad de la mano de obra en tareas de formación, sería muy difícil mantener la producción. Precisamente, ahora, que con la Directiva de Normas Comunes del Mercado Interior de la Electricidad (2003/54) puede utilizarse hasta un 15% de fuentes de energías autóctonas en la generación eléctrica, lo que sumado al reglamento de ayudas al carbón que prevé la reserva estratégica, podría llevar a una estabilización del sector y a finalizar las bruscas reconversiones.
La factura
Los sindicatos quieren un plan que fije la producción en 9,2 millones de toneladas, prejubilar a la mitad de la plantilla en los próximos siete años y recibir casi medio billón de las antiguas pesetas para fondos mineros. En total, más de 7.000 millones de euros para firmar el plan, a lo que habrá que sumar las pérdidas de Hunosa que la Sepi compensa todos los años y que suponen más de 180 millones de euros por cada ejercicio. En el balance global, la actividad carbonera nacional en los próximos siete años puede salirle a la sociedad española por más de 1,3 billones de las antiguas pesetas.
El disparate económico es mayúsculo, y lo peor de todo es que no responde a una lógica laboral ni de explotación empresarial. No obstante, creo que los sindicatos mineros tienen al alcance de la mano la victoria total, porque el otoño está lanzado, con las huelgas de transportistas, pescadores, agricultores, mineros. Zapatero está cogido entre la espada de las protestas laborales y la pared del 'Estatut'. A Solbes no le salen las cuentas de la minería, al igual que los ministros de Economía de la transición no podían asimilar las reivindicaciones de los trabajadores hasta que pasaron las primeras elecciones generales y se firmaron los Pactos de La Moncloa.
Si hay que hacer un pronóstico, pienso que la huelga minera, con manifestaciones y cortes de tráfico, le va a doblar la muñeca a Zapatero. Al final, tendremos un plan de la minería sin apenas recorte en la producción, que será acompañado de un amplísimo sistema de prejubilaciones, como si hubiera que paliar pérdidas de empleo, y con un programa ambicioso de fondos mineros, como si se produjese un impacto territorial en las cuencas mineras por cierre de pozos. El ministro de Industria no sabe una palabra del carbón, pero es un político con gran instinto territorial. José Montilla sabrá en el futuro echarle las cuentas a Asturias, porque, mientras Cataluña lucha a brazo partido por un privilegio fiscal, en esta tierra le imponemos un fuero laboral sin parangón en la Unión Europea.
