El Estado autonómico que puso en planta la Constitución de 1978, a partir del reconocimiento de España como una nación compuesta de nacionalidades y regiones, nunca satisfizo a los nacionalistas periféricos. Sobre todo en el País Vasco, pese a que allí (y en Navarra) el amplísimo autogobierno viene acompañado de un sistema propio de financiación, sin duda aceptado por la Constitución, pero que no deja de ser una injusta excepción al principio de igualdad proclamado en esa norma.

En realidad, a lo largo de este último cuarto de siglo se ha puesto de relieve de manera palmaria que los nacionalistas periféricos están aquejados de una incurable ninfomanía política, que les conduce a una permanente insatisfacción. Siempre quieren más. Bien sea a través del artículo 150 de la Constitución, que permite de manera muy temeraria transferir a las comunidades autónomas no pocas competencias legislativas y ejecutivas atribuidas al Estado, bien sea reformando los Estatutos de Autonomía o incluso la propia Norma Fundamental. El caso es transformar el actual Estado autonómico en un Estado anoréxico de carácter confederal, disfrazado a veces con el rótulo de federalismo asimétrico , que los nacionalistas conciben como la penúltima etapa de un viaje que no tiene otra destino que la independencia, la conquista de un Estado soberano. Un destino que en los últimos años admiten sin rebozo no sólo Eusko Alkartasuna y Esquerra Republicana de Catalunya, sino incluso amplios sectores del PNV y de CiU, firmantes, junto al BNG, de la llamada Declaración de Barcelona , en la que se venía a reconocer --como hacía el Plan Ibarretxe y hoy hace el Nou Estatut remitido a las Cortes por el Parlamento catalán-- que España es un mero Estado, no una nación, o en todo caso una nación de la que no forman parte Cataluña (ni, para algunos, los Países Catalanes ), ni Euskalerría (que incluye a Navarra y al País Vasco francés), ni Galicia. Para los nacionalistas ser catalán, vasco o gallego y a la vez ser español es metafísicamente imposible. O se es una cosa o se es la otra.

Esta radicalización nacionalista es sin duda peligrosa en extremo, no ya para la estabilidad política y económica de España así como para su imagen exterior, sino para la convivencia entre los españoles. Ahora bien, a pesar de este peligro, la mayor parte de éstos estaría tranquila si viese a los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP, unirse con firmeza en torno al concepto constitucional de España, como nación compuesta de "nacionalidades y regiones", y en defensa del Estado autonómico que de este concepto se deduce, más allá de las diferencias acerca de la conveniencia de su mejora y actualización.

Y NOTEel lector que me refiero sólo a los dos grandes partidos nacionales, pues creo que a estas alturas muy pocos (un millón corto en las últimas elecciones, lo que representa apenas un 5% del electorado) abrigan ante este crucial asunto esperanza alguna respecto de Izquierda Unida. Un partido que votó afirmativamente al Plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, mientras que en las Cortes su coordinador federal votó en contra y el representante catalán se abstuvo. Sin duda, una muestra muy alentadora de la enorme democracia interna que reina en el seno de esta formación política, que al parecer sólo se pone de acuerdo para votar en contra de la Constitución europea o para solidarizase en las calles de Salamanca con Fidel Castro y Hugo Chaves, junto a Herri Batasuna (muy buena compañía).

Pero centrémonos en los partidos serios. El problema es que ante el gravísimo desafío nacionalista el PSOE y el PP están desunidos. En rigor, pese a todos los errores que ha cometido este último --apoyo a la guerra de Irak, manipulación informativa con motivo del atentado del 11 de marzo, constante sumisión a la Iglesia católica-- es de justicia reconocer que en este asunto su postura es más coherente que la del PSOE, rehén de los envenenados apoyos de su filial catalana y de Carod Rovira, y más acorde con lo que piensa la mayoría de los españoles, incluidos los votantes de este último partido. Unos votantes que empiezan a estar hartos de la incapacidad de los socialistas para mantener una sola y clara voz en este asunto tan trascendental, donde tanto se juega --no la España eterna a la que no ha dejado de apelar el rancio nacionalismo español, que a veces exhuman algunos dirigentes populares-- sino sencillamente los españoles de hoy, que contemplan atónitos cómo los logros políticos y económicos que se habían conseguido desde la Transición pueden desmoronase como un castillo de naipes.

La responsabilidad histórica del PSOE ante el desafío nacionalista --agravado de manera absurda con la aprobación de un Nou Estatut -- es muy grande. Como lo es, por supuesto, la de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo silencio ante esta cuestión es inquietante. El PSOE no puede ampararse en la falta de colaboración de un PP demasiadas veces hirsuto y torpe para no enfrentase a este desafío, que el PSC de Maragall ha azuzado de manera irresponsable. No puede traicionar a su electorado. Debe ser fiel a su historia y sobre todo a las demandas de sus electores y de la mayoría de los españoles, que no quieren que España se convierta en un Estado inerme e ingobernable, en manos de las comunidades autónomas más ricas, ni mucho menos que se desmembre. Es preciso que los dos grandes partidos nacionales dejen atrás los pequeños intereses de partido y se unan ante la gran tarea de cortar el paso a los nacionalismos, insolidarios y desestabilizadores.

Joaquín Varela es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo.