El impacto de la reforma del Estatut y su repercusión en la reforma de otros estatutos han relegado a un segundo plano la reforma constitucional en curso impulsada por el Gobierno, que, según anunció Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, es uno de los objetivos de su programa político. La reforma va encaminada a cambiar cuatro aspectos muy concretos y específicos de la Constitución: primero, la equiparación entre hombre y mujer en la sucesión a la Corona; segundo, la incorporación del nombre oficial de las comunidades autónomas; tercero, la reforma del Senado con el fin de convertirlo en cámara de representación de las comunidades autónomas; y, cuarto, la mejor adecuación del texto constitucional a la integración europea.

Como puede comprobarse, se trata de aspectos de calibre muy variado y de urgencias distintas. Probablemente, la reforma de más trascendencia - sin duda, la más esperada- sea la del Senado; pero también cualquiera de las otras tres, si son examinadas en detalle, tienen significativas consecuencias.

Para ir preparando estas reformas, el Gobierno, mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo del 2005, encargó al Consejo de Estado, órgano consultivo presidido por el profesor Rubio Llorente, un informe sobre los problemas que planteaba la reforma, así como su parecer acerca de las soluciones más convenientes. El acuerdo fijaba para finales de este año el plazo de entrega del informe.

Desde el momento del encargo, a través de sus diversas comisiones, el Consejo de Estado ha ido analizando la materia objeto del informe y, asimismo, ha promovido, a diferentes niveles, ponencias y debates entre diversos expertos. En estos momentos, el volumen de los estudios elaborados al efecto es ya considerable y las diversas opciones planteadas han ido madurando al compás de la discusión. Es difícil aventurar si las reformas propuestas por el presidente del Gobierno se aprobarán en esta legislatura, pero, en todo caso, los trabajos previos se están haciendo con el rigor que el encargo requiere.

Ante el confuso momento político actual originado por la aprobación en el Parlament de Catalunya del proyecto de Estatut, creo que tiene interés reproducir un párrafo del referido acuerdo de Consejo de Ministros en el que se hace una inteligente reflexión general sobre las condiciones necesarias para proceder a una reforma constitucional viable. Dice así:

"El acierto en los procesos de revisión constitucional depende de la conjunción de varios factores, a saber: a) Que los cambios a introducir respondan a demandas consistentes y que busquen resolver problemas o insuficiencias ampliamente reconocidas. b) Que sean limitados y prudentes para no alterar el equilibrio en el que se sustenta el texto constitucional. c) Que las alternativas propuestas hayan sido suficientemente maduradas y sean consecuencia de un diálogo sostenido y sereno entre las fuerzas políticas y con la sociedad. d) Que se genere en torno a las modificaciones un consenso asimilable al que concitó el texto que se quiere reformar". Una reforma estatutaria no es una reforma constitucional, pero se le parece mucho. Estas reflexiones, pues, son también de aplicación a la reforma del Estatut de Catalunya. Pues bien, tengo serias dudas sobre si el proceso en Catalunya ha cumplido alguna de estas sensatas y prudentes condiciones. Quizás debido a que se ha prescindido de estas cautelas, nos encontramos en la complicada situación en la que estamos. El error principal de la reforma del Estatut está, a mi parecer, en su mismo planteamiento: ni había una idea clara sobre la necesidad de la reforma, ni se ha intentado respetar los equilibrios institucionales previamente existentes, ni se habían madurado suficientemente las posibles alternativas, ni el diálogo social y político ha sido suficiente, ni el consenso es asimilable al del Estatut de 1979, si tenemos en cuenta que debe aprobarse en las Cortes Generales y afecta de manera directa a las competencias del Estado.

Las sociedades, como las personas, aprenden, sin embargo, de los errores. Quizás deberíamos en Catalunya comenzar a reflexionar a partir de ahí, a partir de reconocer nuestros errores. No deberían caer en saco roto las palabras, realistas y mesuradas, del presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, pronunciadas el martes pasado ante un escogido grupo de personalidades representativas de nuestra clase política y de nuestra sociedad civil. Son la expresión del generalizado sentimiento de un sector social que hasta ahora había permanecido demasiado callado. Hay una extendida sensación de que los dirigentes políticos catalanes, empezando por el presidente de la Generalitat, han fracasado en la dirección de la política catalana. Las cosas no se hacen bien - para no decir, más abiertamente, que se hacen mal o muy mal- y hay que rectificar el rumbo en todas las direcciones: en la política, en la economía, en la cultura. Probablemente estamos asistiendo al fracaso de una generación de dirigentes políticos en medio del asentimiento acrítico de una parte del resto de la sociedad. Algunos sectores deberían reflexionar sobre todo ello e intentar ponerle remedio.

De forma más inmediata, ¿será posible pasar todo este curso con un Govern socialmente deslegitimado y un proyecto de Estatut imposible tramitándose en Madrid? ¿Nos podemos permitir seguir perdiendo el tiempo? El panorama es desolador.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB