La forma más segura de calmar a un tigre es dejar que te devore.
Konrad Adenauer

En este siglo nuevo, la mal denominada comunidad internacional sigue teniendo a los estados como actores y protagonistas principales -la mayoría de las organizaciones internacionales son una mera yuxtaposición de estados-, habiéndose multiplicado el número de éstos. Sí en vísperas de la II Guerra Mundial eran sesenta, con los procesos de descolonización pasaron a ser ciento dieciocho en 1963, alcanzando en el año 2000 la cifra de ciento noventa y seis.

Tal hecho permite tres deducciones. La primera es el atractivo que la idea de Estado sigue teniendo para muchos pueblos (o mejor, para sus dirigentes), que aspiran tenazmente a la autodeterminación y a la soberanía estatales. La segunda es lo que se ha llamado «la descomposición interna y externa de la soberanía» (Pierre Rosanvallon «Lección inaugural del Colegio de Francia el 28 de marzo de 2002»), haciéndose los espacios físicos y territorios de la política cada vez más pequeños y reducidos, al tiempo que, opuestamente, los espacios económicos se hacen cada vez más globales. Por ello, lo que viene ocurriendo en España desde hace años forma parte de una tendencia generalizada y preocupante, donde la política, cada vez más encerrada en pequeños territorios, facilita la aparición de señores feudales, como si del Estado moderno se regresase al medievo, y de caciques, cuyos intereses particulares, básicamente económicos, van en contra de los generales del pueblo (cada vez más los discursos políticos falsean conscientemente esa realidad lamentable).

Finalmente, la tercera deducción es que en tan elevado número de estados hay de todo; junto a verdaderos estados, hay otros, que de Estado sólo tienen la apariencia (fantoches), siendo en realidad organizaciones dedicadas a la delincuencia (al terrorismo, al narcotráfico, a tráficos ilegales, a la evasión fiscal y a la custodia de los dineros de la corrupción política y económica).

Y nuestro vecino del sur, Marruecos, ¿qué tipo de Estado es? Su importancia geoestratégica siempre ha sido grande. Antes, en plena guerra fría (hasta 1989), fue pieza fundamental en el norte de África al servicio de Occidente, controlando el filocomunismo de otros vecinos, en particular el de Argelia (República Socialista de Houari Boumédienne). Ahora es instrumento clave, también al servicio de Occidente, en la estrategia primera de información y penetración en el hermético Islam radical (no hay país musulmán donde los espías trabajen tan cómodamente) y la posterior de su contención.

Fue a la muerte de Hassan II, en libros y en revistas especializadas de economía y geopolítica, donde se reveló el entramado económico-financiero del Reino alauita, resultando que los intereses económicos de la llamada «familia real» son los motores de la política marroquí.

Eso es nuestro vecino Marruecos: una empresa familia dedicada al «business» con forma de Estado, a merced del más pagador, y con una gran importancia estratégica. Tal naturaleza del vecino ha colocado y coloca a España en una posición delicada y frágil, pues muchas cosas graves aquí ocurridas han sido dirigidas desde allí, bien por cuenta propia o bien por cuenta de terceros. Los españoles no deberíamos haber olvidado el episodio de la «marcha verde», que fue uno -entre otros- de los preludios de la intervención extranjera en la Transición política española; ahora ya sabemos quién estuvo detrás de tal marcha, allá en 1975, que dejó muy desairado al entonces Príncipe de España, que se estrenaba en funciones de jefe de Estado, por el vergonzoso abandono del Sahara Occidental y de sus habitantes en infame retirada española. Meses antes, la que era emblemática revista «Cambio 16» (número 155, de 10 de noviembre de 1974), titulaba en portada: ¡Que viene la CIA!

Haría muy bien el Gobierno de España, si pudiere, profundizar y responder a las informaciones de algunos medios españoles, acaso sin fundamento, sobre la intervención marroquí, por su cuenta o por la de otros, en el criminal atentado de marzo de 2004 en Madrid. Y ello, porque aclarar dudas es, aunque atípico, un derecho de los ciudadanos; y también porque la «seguridad del Estado», expresión pomposa donde las haya, debe ser algo más consistente que una frágil pompa de jabón para distracción de niños.¡Qué temerario es tener tal vecino, ser al tiempo detestado por Norteamérica y aliarse con el venezolano Chaves! Y eso aunque los EE UU a veces se distraigan, como distraídos debían de estar en marzo de 2004.

¿Y qué es España? Confieso la ignorancia: no sé si Cataluña es una nación no obstante haber vivido allí años (y muy bien por cierto). Sólo sé que España es una nación, y ello gracias a que lo dice el artículo 2 de la Constitución española, pero vuelvo a la ignorancia perpleja cuando ese mismo artículo, veinte palabras después, habla de «nacionalidades». Los que quieren coordinar lo discordante explican que el concepto de nación es político y el de nacionalidades es cultural; pudiera ser así, pero también pudiera ser ese argumento lo que los latinos llamaban «flatus vocis», o sea, palabrería.

España en su historia ha sido muchas cosas: monarquía de reinos, corona de coronas (de Castilla, de Navarra y de Aragón con sus reinos), reino de reinos, nación en la Constitución de Cádiz, pero jamás fue eso que llaman «nación de naciones». Don Francisco de Quevedo, acompañando a Felipe IV en su viaje a Aragón para celebrar Cortes, escribió una historieta que sorprendentemente llamó «Cuento de cuentos»; tal original título, de enmarañado cuento, figura en el «Diccionario de Autoridades» con la siguiente definición: «una relación o noticia en que se mezclan otras varias que hacen perder el hilo de la principal y se suele también aplicar a algunos negocios difíciles de poner en planta, por lo enredados que están». Pudiera ser que lo de «nación de naciones» sea lo mismo que fue el quevedesco «Cuento de cuentos».

Saber de nación y de nacionalismo es muy complicado, pues, de una parte, hay que conocer de delirios identitarios, de pasiones, de melancolías, de goces victimistas, de narcisismos acomplejados, que son conceptos propios de las ciencias médico-psiquiátricas; y, de otra parte, hay que conocer de pasados mágicos, de mitos y de brujerías, que son conceptos de las llamadas ciencias ocultas, tan peculiares, que para ser perito en ellas, hay que ser o muy ignorante o muy estafador, o ambas «cualidades» a la vez. El rico pensamiento político español de la modernidad giró en torno al Estado (teorías de la «razón de Estado») y no al de nación, que fue un sentimiento patriótico de los españoles, surgido por la Guerra de la Independencia contra la invasión francesa.

La historia algo puede aclarar: ¿cómo es posible saber el adónde, ignorando el de dónde? Razón tuvo Marc Bloch al escribir que «la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado», e ignorancia que no tiene excusa en España al haberse publicado por las principales editoriales en los últimos años magníficos manuales de Historia de España. A groseros rasgos se puede decir que del guirigay territorial medieval se pasó al «ordo» del aragonés Fernando el Católico (mucho más importante él que su esposa Isabel, del que escribieron Maquiavelo, Gracián, Montesquieu y Tocqueville, y de ella escribieron clérigos para hacerla santa). Por los problemas territoriales de los últimos Austrias cazadores, el primer Borbón (Felipe V) uniformó todo absolutamente; después de las repúblicas, federal y autonomista, vino el centralismo totalizador de Franco. Ésa es la continuidad histórica española: un discontinuo descentralizar y centralizar. Y la cosa continúa y continuará.

El enredo de «nación de naciones» pasó al arrogante y prepotente texto del proyecto de Estatuto catalán, impregnándolo en decenas de artículos aunque no lo llama así, llevando la confusión política y de conceptos políticos al terreno del Derecho. Si el Poder legislativo aprobara un texto, que en su totalidad o en parte, fuere de modo manifiesto anticonstitucional, se realizaría un acto de usurpación del poder constituyente, que cuestionaría la legitimidad de todo el sistema jurídico, o sea, la validez de las normas y su eficacia, siendo esta última la convicción de los ciudadanos de que las normas han de ser obedecidas; por ello es necesario un comportamiento pulcro del Parlamento. Modificar partes o artículos de un todo -el proyecto estatutario catalán tiene coherencia- es, en pleno fragor político con protestas inevitables y partidistas de anticonstitucionalidad, muy difícil, acaso imposible, y con efectos negativos en la población para la obediencia y lealtad constitucionales.

Los dos más grandes constitucionalistas del siglo XX, muy distintos ellos, Kelsen y Schmitt, ante ese problema constitucional, que es central, reaccionarían con asombro. Kelsen vería rota la pura y piramidal jerarquía normativa que parte de la Constitución, comprobando, en contra de su opinión, que en los grandes temas constitucionales es imposible separar la política del derecho; y Schmitt se preguntaría con vehemencia germánica una elementalidad: ¿quién es el sujeto del poder constituyente en España? ¿quién decide?

Estamos ante un problema de enorme envergadura en el que confluyen la política y el derecho en su mayor intensidad, y que para resolverlo no basta quedarse en planteamientos reactivos: hay que dar un siguiente paso y responder a la pregunta inevitable: ¿cómo sería posible, cómo se articularía la voluntad persistente y acreditada de una parte de una comunidad estatal, que quiere ser soberana y autodeterminarse, si el resto por la rigidez de la revisión constitucional (poder constituyente) lo impidiese?

Hace meses escribimos aquí sobre la cuadratura del círculo de la política española, es decir, sobre el callejón por el que se empezaba a transitar; advertimos sin modestia del enorme riesgo que suponía discutir sabrosas recetas de cocina con lujuriosos antropófagos. Sin catastrofismo se trata de resolver el cómo podemos calmar a nuestros tigres -tenemos varios, uno al norte y otro al Este- sin que nos devoren. El canciller alemán sin duda lo resolvería, pero, para eso, hay que ser responsable y Adenauer.