Ha empezado el gran debate. La tramitación del Estatut en las Cortes, que se prolongará hasta bien entrado el año próximo, va a ser la piedra de toque de lo que es la España de hoy y de lo que puede llegar a ser la España de mañana. O más precisamente, como dijo el president Maragall en su intervención parlamentaria del 30 de septiembre, "la paz en Euskadi y el Estatut de Catalunya son las pruebas de fuego de la España de hoy". En ambas tareas parece haber empeñado su futuro político el presidente Rodríguez Zapatero. Si es capaz de llevarlas a buen puerto, sin duda se habrán dado pasos decisivos no sólo para que Catalunya y Euskadi se encuentren más cómodos dentro de España, sino también, y no sería un mérito menor, para alumbrar una nueva cultura democrática, de matriz federal, en el conjunto de España.

Y, sin embargo, la aprobación de la propuesta de Estatut ha sido recibida en Madrid de una forma descorazonadora. Mostrando la persistencia del tópico, los primeros en pronunciarse han sido obispos, jueces y militares, alertando sobre el supuesto peligro en que se encuentra la patria común e indivisible de los españoles. Pero más allá del esperpento, aunque éste se halle constantemente amplificado por determinados medios de comunicación, importa la reacción de fondo del Gobierno y del partido del Gobierno. En resumen, y por lo publicado, al presidente Rodríguez Zapatero le preocupa más el debate sobre el modelo de financiación que el término nación referido a Catalunya siempre que éste tenga una acepción histórica y, quizás, cultural, pero no jurídica. La financiación es, sin duda, la gran preocupación del PSOE, como ha dicho su presidente Manuel Chaves, que lo es también de la Junta de Andalucía, al defender el argumento de que el Estado es el gran instrumento nivelador entre comunidades de renta distinta y el único capacitado para fijar el porcentaje de solidaridad interterritorial. Los cuartos, como definió gráficamente Maragall, van a ser, pues, el centro del debate. Los políticos catalanes han asumido plenamente el derecho de las Cortes españolas a modificar el texto del Estatut, a sabiendas de que Zapatero no cuenta con la mayoría absoluta. Por eso la palabra más pronunciada estos días es pacto.

Un pacto que implicará cesiones, unas cesiones que deberían producirse en los dos sentidos, y no sólo por la parte catalana. Porque en la aprobación del Estatut está también en juego la posibilidad de desmentir la vieja idea de que sólo el centro puede pensar España, o que el Estado está para corregir los desmanes que se suponen inherentes a la autonomía. Para ello, el PSOE deberá asumir que, tanto en esta cuestión como en la pacificación de Euskadi, no podrá contar con la colaboración del PP, sino todo lo contrario. Las inútiles llamadas al consenso para con el otro gran partido español pueden obedecer a una estrategia parlamentaria o incluso ser un gesto para la galería, pero no un camino para aprobar el Estatut.

Rodríguez Zapatero ha hecho una apuesta, quizás muy personal, para que las dos autonomías que justifican el Estado autonómico vean reconocida su identidad y su autogobierno, tras ser consciente, se dice, de que la frustración del plan Ardanza, en cuyo fracaso el PSOE se vio empujado por el PP, no llevó más que al callejón sin salida del plan Ibarretxe. Y ahora quiere evitar lo propio con el Estatut. Pero para ello deberá salvar el escollo que supone el fuerte nacionalismo español, que se encuentra bien representado en su partido, a pesar de su definición nominalmente federal. Porque más allá de la trascendente cuestión de los dineros, lo que se somete a examen con el nuevo Estatut es, también, la aceptación en España de su propio carácter plurinacional y la traducción de esta pluralidad en niveles de autogobierno que en los países federales son habituales.

JOSEP M. MUÑOZ, historiador, director de 'L'Avenç'