HACE algunas semanas que el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió su evaluación y las correspondientes recomendaciones sobre el grado de cumplimiento español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, suscrita por nuestro Gobierno y que obliga a todas las instituciones del Estado, como lo son los gobiernos o los parlamentos autónomos, por ejemplo. Las conclusiones a las que llega el citado comité están basadas en los informes elaborados sobre el terreno por una comisión internacional de expertos independientes de la máxima solvencia y con el pleno reconocimiento y legitimidad otorgada por los estados miembros del Consejo de Europa. De la lectura detallada del informe se deduce que España sale, en general, bien parada del escrutinio europeo en lo que se refiere a la protección y promoción de las lenguas regionales y minoritarias oficiales y en el respeto a los derechos lingüísticos de sus hablantes. Sin embargo, entre los puntos más críticos están, precisamente, los referidos a la situación de las lenguas asturianas, que son casi las únicas no oficiales.

En realidad, no dice nada que no sepamos. Pero lo dice de una manera y desde una instancia de difícil cuestionamiento. La Carta prevé un mecanismo de control para evaluar el modo en que se aplican sus principios en cada estado firmante, con vistas a la introducción de mejoras en la legislación, en las políticas o en las prácticas de dicho estado. El elemento central de este procedimiento es el Comité de Expertos independientes, de acuerdo con el artículo 17 de la Carta. A partir del informe periódico que cada estado tiene que elevar al secretario general del Consejo de Europa sobre el grado de cumplimiento de la Carta y las medidas desarrolladas en relación con las lenguas regionales y minoritarias protegidas, la primera tarea del Comité de Expertos es evaluar el propio informe gubernamental. Partiendo de este primer documento de trabajo, los expertos pueden pedir a las autoridades del estado cuantas aclaraciones e informes adicionales estimen oportunas, para luego girar una investigación complementaria sobre el terreno. Su informe final y sus recomendaciones son las que toma en consideración el Comité de Ministros para adoptar sus decisiones finales al respecto.

El Comité de Expertos, tras describir en los epígrafes 45 a 48 de los antecedentes de su informe la situación del asturiano y del gallego-asturiano, considerado como 'variante del gallego', pasa al capítulo de evaluación, en el que dedica los epígrafes 91 a 94 a las lenguas asturianas. Precisamente, en el epígrafe 92 se constata la contradicción entre el reconocimiento estatutario y legal de la lengua asturiana, su arraigo, su riqueza literaria y su estado de normalización lingüística con la falta de cooficialidad, en la que se ampara el Gobierno español para no incluir al asturiano en el núcleo duro de la Carta (en concreto, su parte III), en virtud del modo en que se aplica el Instrumento de ratificación español.

El Comité califica la situación del asturiano como delicada y sanciona que la falta de cooficialidad impide una aplicación adecuada de la Ley de Uso y Promoción de 1998. De este no reconocimiento derivan, según los expertos, todas las dificultades que las lenguas asturianas encuentran en sus necesidades de protección y promoción. En los epígrafes 111 y 112 vuelve a incidir en las carencias de la política lingüística del Gobierno regional en materia educativa, de la Administración y, especialmente, de los medios de comunicación. Ya, finalmente, entre las recomendaciones el Comité de Ministros llama la atención por el incomprensible rechazo al establecimiento de una titulación de Filología Asturiana en la Universidad de Oviedo, las limitaciones de la oferta educativa de lengua asturiana y la nula presencia del asturiano en los medios.

Por lo tanto, el diagnóstico no nos resulta desconocido y la terapia es bien sabida. Los asturianos no vamos a descubrir, ni, mucho menos negar, lo que nuestros vecinos gallegos, vascos, navarros, catalanes, valencianos, de las Baleares o portugueses, por ejemplo, han considerado imprescindible para proteger y promocionar sus respectivas lenguas regionales o minoritarias, es decir: su cooficialidad con la lengua castellana común. En lo que se van a diferenciar va a ser, precisamente, en las medidas legales y en las políticas que desarrollan los estatutos de cooficialidad respectivos.

Por cierto, ninguna de las comunidades bilingües tuvo la genial idea de convocar referendos para adoptar sus decisiones de cooficialidad. Tampoco la mayoría de nuestros vecinos han votado a sus respectivos gobiernos por su posición ante la cuestión lingüística y, en casi todos los casos, carecían de estadísticas o encuestas sociolingüísticas que les pudiesen cuantificar tal demanda. Simplemente, las autoridades, no sin dificultades, construyeron un consenso en torno a los derechos lingüísticos de sus conciudadanos, fuesen los hablantes bilingües mayoría o minoritarios. Esta es la verdadera diferencialidad asturiana o, mejor, de la clase política asturiana. Su falta de sensibilidad ante la realidad bilingüe asturiana y, lo que es más grave e importante, su grave incumplimiento de la prescripción constitucional de respeto y garantía de los derechos lingüísticos de la mayoría de los asturianos bilingües, aunque éstos no lo reclamen, no voten con la lengua en la papeleta o, incluso, no sean conscientes de su situación (que no es el caso). Al fin y al cabo, no sería el primer caso de alienación de la historia de la humanidad o de las lenguas.

¿Se atreverán nuestras autoridades a decir que tales conclusiones y recomendaciones del Consejo de Europa son 'babayaes', también, como acostumbran a descalificar los diagnósticos similares hechos con el máximo respeto y moderación por los de casa, o, simplemente, darán la callada por respuesta, adoptando la política del avestruz? ¿Será mucho pedir que nuestros dirigentes recuperen, todos, la cordura para 'representar' mejor y de forma consensuada nuestra realidad democrática en materia de derechos lingüísticos? ¿Por qué los asturianos bilingües y la comunidad asturiana, en su conjunto, tenemos que seguir sufriendo el oprobio y la humillación de nuestra minorización, simplemente por el complejo ancestral que arrastra nuestra clase dirigente? ¿Será mucho pedir que, si hemos reconocido a todos los efectos los derechos de la minoría homosexual sin por ello obligar a la mayoría a ser o declararse de tal identidad, saquemos del armario también los derechos de los asturianos bilingües? Por cierto, la oficialidad no va a obligar a todos los asturianos a ser bilingües, simplemente, va a reconocer y proteger el derecho pleno a serlo de quienes lo decidan voluntariamente.

Eso sí, va a obligar a los poderes públicos a poner los medios precisos (que no serán tantos) para garantizar tales derechos. Seamos razonables para alcanzar el consenso definitivo y necesario sobre este patrimonio cultural de nuestra comunidad. No es imposible y puede ser inaplazable. Tenemos una buena oportunidad de abrir una gran deliberación regional para llevar este asunto a la agenda de la próxima reforma estatutaria. Ya sabemos el camino. Lo acabamos de andar, cuando nuestros representantes democráticos aprobaron por unanimidad en la Junta General el Plan de Normalización Lingüística. Y, si hemos hecho lo más, ¿por qué no podemos hacer lo que queda?

Lo que queda es, ni más, ni menos, que el reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas asturianas en nuestro Estatuto de Autonomía reformado. Dilatarla más puede ser letal para la supervivencia de nuestras lenguas regionales. De lo contrario, tendremos que esperar al próximo informe del Consejo de Europa que, seguro, que sería más crítico y pesimista, pero, eso sí, vendrán de fuera a enmendarnos la plana y nos seguiremos quedando tan tranquilos.