En un artículo titulado El desafío nacionalista , publicado en estas mismas páginas el pasado 27 de enero, señalaba que la reforma del Estatuto de Autonomía catalán podría ser más peligrosa para la estabilidad de la democracia española que el llamado Plan Ibarretxe . Apoyaba este razonamiento en que si bien no era en absoluto descartable que ambas propuestas coincidiesen a la hora de pretender articular un Estado confederal, para no pocos una etapa más en el proceso desintegrador de España, el plan ideado en el País Vasco contaba tan sólo con el apoyo de los nacionalistas, asistidos por el inefable Madrazo, esto es, con la mitad de los parlamentarios autonómicos, mientras que la reforma del Estatuto catalán podría venir respaldada por todos los partidos presentes en el Parlamento autonómico, a excepción del PP, lo que haría mucho más difícil su rechazo en las Cortes.

Pues bien, como es bien sabido, el Plan Ibarretxe fue rechazado el 1 de febrero por el Congreso de los Diputados al encontrarse con la oposición del PSOE y del PP. Las elecciones vascas que se convocaron el 21 de abril demostraron que ese plan seguía sin contar con el aval de la mitad de la población de esa Comunidad Autónoma. En cambio, el proyecto de Estatuto aprobado el pasado 30 de septiembre por el Parlamento catalán cuenta con el apoyo de casi el noventa por cierto de sus miembros (120 diputados frente a los 15 del PP), lo que pone al PSOE en una delicadísima situación a la hora de rechazarlo o de enmendarlo sustancialmente.

A este inequívoco respaldo político --que sería absurdo soslayar-- es preciso añadir otro dato incontestable: el texto catalán, aun siendo menos abiertamente inconstitucional que el vasco, vulnera, como éste, uno de los aspectos esenciales del pacto constituyente alcanzado en 1978. El proyecto de Estatut, en efecto, pese a los retoques que se introdujeron tras el dictamen del Consell Consultiu , altera la forma territorial del Estado establecida en la Constitución, además de reformar de manera unilateral algunas leyes orgánicas, como la LOFCA, en donde se regula la financiación de las Comunidades Autónomas, así como las leyes reguladora del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.

EL PROYECTOde Estatut, inspirado en una indisimulada filosofía nacionalista, que se refleja en su Preámbulo y en muchos de sus artículos, como el quinto, que se extiende sobre el drets historics , parte de Cataluña como una nación dentro del Estado español (artículo primero), pero no dentro de la nación española, esto es, de España, un término que se evita a lo largo de todo su prolijo articulado.

Tal planteamiento contradice el artículo segundo de la Constitución, en el que se concibe a España no sólo como un Estado, como hace el proyecto de Estatut, que lo define por su cuenta como un Estat plurinacional , sino como una nación de naciones o, para ser más exactos, como una nación compuesta de nacionalidades y regiones.

En coherencia con aquel punto de partida, los redactores del nuevo Estatuto vertebran un modelo de Estado que se aleja del autonómico actual y que en puridad tampoco puede calificarse de federal, por mucho que se empeñe Pascual Maragall , sino de confederal.

Así se pone de manifiesto sobre todo en la regulación de la lengua catalana, en el Título que regula el sistema financiero de Cataluña, el VI, que recuerda mucho al injusto, aunque constitucional, concierto vasco y navarro, y en los preceptos que regulan las competencias exclusivas de la Generalitat y la relación entre ésta y el Estado español, redactados desde unos esquemas bilaterales manifiestamente contrarios al ordenamiento constitucional.

Lo menos malo que puede suceder es que las Cortes modifiquen sustancialmente este proyecto, adecuándolo no sólo a la Constitución, sino también al interés general. Conviene tener presente a este respecto, que no todo lo que es constitucionalmente lícito es políticamente conveniente para la mayoría de los españoles y que las Cortes, a diferencia del Tribunal Constitucional, no tienen que limitarse a argumentar en términos jurídicos, en este caso de constitucionalidad, sino en término de oportunidad política y de conveniencia pública, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la cohesión social de los españoles y la unidad y libertad de mercado, que por otra parte protegen nuestra Norma Fundamental.

Ahora bien, si las Cortes, en uso de las facultades que le confiere la Constitución española, recortan de forma sustancial el proyecto de Estatut, la frustración que se crearía entre los partidos políticos que lo avalan sería muy grande, además de provocar graves tensiones entre el PSC y el PSOE y de alimentar durante generaciones el victimismo nacionalista, lo que produciría, a su vez, una mayor separación emocional entre una buena parte de los catalanes y el resto de los españoles.

Si, en cambio, el Estatut sigue adelante con tan sólo leves retoques, aparte de las tensiones dentro del PSOE, que podrían costarle el cargo a Rodríguez Zapatero , sencillamente se habría producido una ruptura del orden constitucional, que tendría unas consecuencias gravísimas para todos los españoles. El panorama, pues, no es muy alentador. Y ocurra lo que ocurra, la marcha del Estatut marcará la agenda política de lo que resta de legislatura.

Joaquín Varela, Catedrático de Derecho Constitucional UO