Caffè Reggio

La sátira es un género que ha sido olvidado por los escritores de hoy día, al igual que el epigrama. Como todo, esta verdad tiene sus excepciones. Pero ocurre que aunque los escritos periodísticos y literarios están cruzados por latigazos de sorna y escarnio, a menudo inconcientes o involuntarios, la sátira y el epigrama como principios organizadores del texto no aparecen ejerciendo su función estructuradora de los discursos. Se me dirá que para qué habría de ser así, toda vez que la sátira y los tonos epigramáticos a menudo embrollan más los asuntos que se pretenden elucidar y no contribuyen a la concordia entre los seres humanos.

Permítanme estar en desacuerdo con esta abnegada afirmación.

La invitación de Tito Monterroso de unirse siempre a los filisteos puede tomarse al pie de la letra o, por el contrario, leerse al revés, e incluso es posible hacer una lectura ambivalente y quedarse con las dos posibilidades de la máxima para usarla según la ocasión. Se me puede decir que si se asume la primera lectura uno se convierte en un oportunista y un cínico; que si se asume la segunda uno se torna un puritano hipócrita, y que si se abraza la tercera uno se vuelve un pragmático inescrupuloso. Visto así el asunto, la moraleja monterrosiana es un callejón sin salida. Pero si se interpreta su consejo como una manera de desconstruir las posibilidades binarias de lo bueno y lo malo para meter en escena posibilidades más ricas de vida e interpretación de la vida, entonces el tono satírico y epigramático se convierte en una puerta de entrada a dimensiones humanas que los binarismos, los esencialismos y los fundamentalismos niegan por propia y egoísta conveniencia. Esta, creo, es la crítica más benigna que se le puede hacer a los contenidos de Monterroso, de quien Monsiváis ha dicho que es misericordiosamente breve, quizá pensando justamente en que el cinismo, si breve, es dos veces más efectivo y menos irritante. Es imposible dejar de apuntar aquí que el juicio de Monsiváis no se aplica a sus propios textos, los cuales no se quedan atrás en materia satírica y epigramática.

Pero literatos aparte, lo que importa decir en una defensa de la sátira y el epigrama es que en realidad se trata de una defensa del tono satírico y epigramático, independientemente de los géneros literarios en los que aquéllos se envasen. Estos tonos cumplen la noble función de hacer funcionar los hígados de las buenas conciencias a una velocidad que les permite ejercitarse y permitir que el organismo ponga en tensión todas sus defensas para desintoxicar la sangre de bilirrubinas y transaminasas, todo lo cual hace que broten defensas apasionadas de las propias convicciones, contribuyendo con eso a que los debates necesarios se libren en los espacios de la esfera pública. En palabras vulgares, la sátira y el epigrama hacen que la gente que se considera decente desembuche lo que tiene de no tan decente, y eso desde todo punto de vista (terapéutico, político, ideológico) es indudablemente sano. De donde se puede concluir que el cinismo, la sorna, el escarnio y la burla contribuyen a la salud mental de las ciudadanías. Ahí están Séneca, Petronio, Marcial, Quevedo, Swift y otros ilustres léperos para atestiguarlo.

Cedar Falls (EEUU), lunes 16 de noviembre de 1998.

Para el fundamentalismo neoliberal, el triunfo económico en la vida es una cosa estrictamente individual y de ninguna manera remitido a factores estructurales de la sociedad y de la economía. O sea que para solucionar -y con creces- el problema económico, lo único que uno tiene que hacer -contra toda evidencia de lo contrario- es comportarse como un agresivo vendedor que ha encontrado en el acto de vender y comprar el sentido profundo de la vida. Por eso, para nuestros optimistas neoliberales, la evolución (y no se diga la revolución) social es una quimera, ya que, por ejemplo, los personajes históricos que ellos consideran "triunfadores" no son, en su perspectiva, otra cosa que una especie de vendedores exitosos de un producto equis del cual han sacado provecho. No hay, para ellos, pues, acción social en el cambio social, sino sólo acción individual "triunfadora". A estos rudimentos, algunos le llaman teoría de la eficiencia, y, según ella, el capitalismo es el orden universal mandado por Dios, y en él la desigualdad y la capacidad individual de triunfar son los únicos factores activos.

Este individualismo anti-historicista de la teoría de la eficiencia es la doctrina que pregonan todos los libros llamados "de autoayuda", en los que los preceptos religiosos de todos los tiempos se instrumentalizan para apuntar hacia una sola idea obsesiva: la de ser un individuo eficiente y leal para con el empleador, el aceptar la injusta desigualdad social y económica como un hecho natural e irremontable y, con todo, borrar de la memoria toda tradición histórica que pueda otorgarle a estos vendedores de la felicidad cualquier vestigio de dignidad asentada en su pasado colectivo. A todo esto debe añadirse un culto al "cambio", a lo "nuevo", los cuales, claro, solamente son permitidos dentro de los principios rígidos de esta ideología de la manipulación, ya que lo llamado "nuevo" y el proclamado "cambio" se reducen a lo nuevo para consumir y a las posibilidades de cambio en las opciones de consumo.

Llevada al plano global, esta "filosofía" pretende borrar la memoria colectiva de las naciones con el fin de convertir a los pueblos y las sociedades en comunidades de consumidores disciplinados, sin más moral que la lealtad a las marcas comerciales y a las grandes corporaciones, destruyendo así nacionalismos y localismos otorgadores de identidad, cohesión social e ideológica, y legitimación política de los intereses colectivos frente a los de elite.

Sólo el conocimiento crítico de cómo funciona el sistema puede darnos el necesario espacio de libertad de conciencia situado fuera de los condicionamientos de aquél, para así poder plantear alternativas libres frente a esta dominación mundial que se hace efectiva por medio del consumismo y los medios masivos que lo hacen obligatorio disfrazándolo de opcional. Cierto es que hoy por hoy la única resistencia posible al sistema tiene que articularse dentro del sistema mismo. La primera condición de todo ello es aprender a leer críticamente el texto ideológico neoliberal para poder desconstruirlo. Al hacer esto, nos habremos situado en el espacio de libertad de conciencia que la publicidad persigue pulverizar, y podremos teorizar, resistir y plantear salidas humanas del consumismo per se para el próximo milenio. No olvidemos que el conocimiento es poder. Estudiemos la globalización y el neoliberalismo, comprendámoslos y replanteémoslos en claves más justas, equitativas y democráticas. La alternativa es vivir conforme nos lo manda la tele: ese Big Brother neoliberal que ya se ha comido al primer mundo y ha empezado a atragantarse deglutiendo al tercero.

Cedar Falls (EEUU). Lunes 23 de noviembre de 1998.

Hacen bien los promotores de la «iniciativa popular» contra la hostia más común del castellano en España, que no es la hoja de pan ázimo sino la interjección y el tortazo, padre a su vez del famoso verbo «hostiar», o fostiar, en plan castizo. Hacen bien porque todos estamos en nuestro derecho de contribuir al absurdo; y hacen todavía mejor porque, a diferencia de otros grupos cristianos, de los fundamentalistas islámicos y de algún cachondo que se disfraza de unos y de otros (quién distingue la payasada real de la payasada ficción), no han pedido al Estado que vote el asunto en el Parlamento ni exigido, so pena de ex comunión o ración de bombas, que la Academia de la Lengua suprima las acepciones ofensivas para los creyentes.

Pero me parece que cometen un error. Deberían exigirlo. No entiendo por qué se contentan con menos que los mencionados ni por qué va a ser menos una hostia que una caricatura de Mahoma. Es un caso tan clarísimo de cristianofobia que su corrección todavía se podría incluir entre las medidas de «impacto social» encargadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a sus ministros. Sería un detalle elegante, una cinta dorada para el regalo que el Partido Socialista le ha hecho en materia de financiación y de educación, a costa de nuestros impuestos y del carácter supuestamente laíco de nuestro sistema, a la Iglesia católica.

No quisiera ser injusto con nuestra élite de progresistas. España va bien, muy bien, casi tan bien como con Aznar. El 20% de la población, por debajo del umbral de la pobreza; millones de personas, hipotecadas de por vida; generaciones enteras excluidas de un bien tan básico como la vivienda; un proceso cada vez más acusado de marginalización y un ciclo económico agotado. Ante semejante panorama, la respuesta del Gobierno es otra reforma fiscal a medida de las grandes empresas. Y mucha palabrería. Porque los fanáticos religiosos, las corrientes multiculturalistas y unas cuantas doñas «genéricas» no han inventado la estupidez de creer que la realidad se transforma cambiando de palabras. Eso, al menos, no está en el debe de los imanes, los sacerdotes y las universidades de EEUU de donde parte casi todo ese desbarre ideológico. Es tan viejo como el primer decreto-ley de la historia de la humanidad.

Hijo de su tiempo, el gobierno de Zapatero se apunta a la máxima de los productores de petróleo: contra el cambio climático, cambio semántico. Los juegos de palabras no solucionan el problema, pero solucionan su problema, el empresarial, hasta que el desgaste exije una nueva revisión de significados. Los que no conozcan España pueden tener la falsa impresión de que el gobierno del Partido Socialista es un gobierno valiente; sacó las tropas de Irak, aprobó el matrimonio entre homosexuales, etcétera. Nada más lejos de la realidad. En los casos mencionados y en el par que falta, se limitó a actuar allá donde era consciente de contar con la exigencia o el apoyo anterior de la gran mayoría de la población española, siempre y cuando no dañara sus previsiones electorales ni afectara al Ministerio de Economía. Y hasta eso se ha perdido con el paso de los meses.

Es la política que tenemos; no sólo en España, por supuesto. Una política sin medio y largo plazo, que evita los problemas, que no pretende cambio alguno, que no mantiene más norma que asegurar las inversiones y los beneficios de determinados sectores y que es capaz de sacrificarlo todo, desde la Seguridad Social hasta los principios laicos del Estado de Derecho, si los partidos creen que con ello no pierden dos votos sino uno. Porque lamentablemente, se equivoca quien crea que esa descripción sólo es válida para el segmento neoliberal; ocurre lo mismo en la izquierda, cada día, delante de nuestras narices. Por eso asumen el lenguaje políticamente correcto, las «cosmovisiones» del buen salvaje, el desprecio a la ciencia, los nacionalismos, los dioses. Es una política dirigida por el miedo a perder las lentejas que quedan en su plato.

Tengo tan poca confianza en las medidas de «impacto social» anunciadas por Zapatero, que personalmente me contentaría si no incluyen la prohibición de los videojuegos, el alcohol, los chicles de menta y cualquier otro vicio imperdonable que se le ocurra a la ministra de Sanidad. En cambio, espero que el Gobierno aproveche estas fechas para recapacitar en lo tocante a la anulación de los juicios franquistas. Normalmente es la realidad la que cambia las palabras, y no al revés. Pero palabras tan graves como las que equiparan fascismo y democracia, como las que insinúan una limitación de carácter fáctico en nuestras propias instituciones, anuncian arrugas inmunes a los asesores de imagen.

Alguien dijo que nada envejece más rápidamente que un libro de historia. Si esta condición provisional y discutible de la exégesis histórica afecta a la historia misma, es claro que atenerse en el teatro a interpretaciones históricas tradicionales equivaldrá a convertirlo en una rémora paralizante de la formación del espectador y no en un estímulo de sus instancias críticas. El teatro histórico inspirado en el pensamiento tradicional ni siquiera corrobora, como pretende, la supuesta excelencia de ese pensamiento; va a remolque de éste y entraña una simplificada fijación ideológica más inmovilista aún que la interpretación histórica de donde procede, de ordinario algo más compleja y cambiante.

Por ser teatro y no historia, es además el teatro histórico labor estética y social de creación e invención, que debe, no ya refrendar, sino ir por delante de la historia más o menos establecida, abrir nuevas vías de comprensión de la misma e inducir interpretaciones históricas más exactas. Que, para lograrlo, el autor no tiene por qué ceñirse a total fidelidad cronológica, espacial o biográfica respecto de los hechos comprobados, es cosa en la que no hay que insistir. Un drama histórico es una obra de invención, y el rigor interpretativo a que aspira atañe a los significados básicos, no a los pormenores. Y en esto, los dramaturgos tradicionales y los de pensamiento más renovador no discrepan. Ahora bien, para alcanzar la interpretación histórica de fondo que permita negar la tradicional y adelantarse a ella, manteniendo sin embargo el derecho a llamar "histórica" a la obra, hay que ejercer especial tino al mezclar aspectos inventados o destacados con la fidelidad, nunca vulnerable del todo, a los hechos históricos. Para acertar en la tarea, de dos cosas precisa el autor resuelto a dar una versión enriquecedora y no tradicional de personas y acontecimientos pasados: el conocimiento profundo de lo realmente sucedido y de sus causas, tanto sociales como psicológicas, por un lado; la intuición de la "intrahistoria" posible que los hechos documentados no pueden dar, por el otro. Escribir teatro histórico es reinventar la historia sin destruirla; reinvención tan cierta que, a menudo, personajes o situaciones enteramente ficticios tienen no menor importancia que la de los personajes o sucesos propiamente históricos. Por poner un ejemplo extremo, histórica es, y magistral, la "Madre coraje", de Bertolt Brecht; en esa obra se nos revelan poderosamente las coordenadas históricas y sociales de la guerra de los treinta años. Ni uno solo de sus personajes, sin embargo, ni por consiguiente sus situaciones personales, proceden de la historia. Y quienes sí existieron no comparecen: sólo se les cita, aquí y allá, cuando el texto lo requiere. Mas no por ello regatearíamos a "Madre coraje" su condición, incluso paradigmática, de obra histórica; inventados, sus protagonistas dibujan la verdad esencial de la época y las vicisitudes en que se les supone.

Esa esencial verdad es la que el dramaturgo no tradicional trata de manifestar mediante la mentira del teatro, y el derecho a la imaginación escénica no debe discutírsela ni aun cuando contradiga en parte lo que sabemos acerca de las figuras que pone sobre las tablas. Pues además, y ya se ha apuntado al principio, no es improbable que lo que nos parece una traición a la verdad histórica sea, no sólo invención que permite acercarse más certeramente al personaje y a su mundo según fueran en su posible relación intrahistórica, sino intuición de hechos parecidos a otros auténticos que en el futuro puedan descubrirse como contradictorios de los supuestamente dados hoy por ciertos.

Por todas esas libertades, que se admitieron sin dificultad en el autor tradicional cuando éste dejaba intactas ideologías y versiones conservadoras, el dramaturgo no tradicional suele arrostrar imputaciones de inexactitud, arbitrariedad y mala fe. De este modo se intenta minimizar el alcance de obras que han alumbrado una parcela histórica desde ángulos no habituales, mediante el pretexto de denunciar en ellas hipotéticos errores objetivos que a veces ni siquiera lo son. Lo que de hecho molesta en tales obras no son sus supuestos errores, sino la propuesta de interpretación anticonvencional que entrañan. O, cuando su veracidad general sea evidente y se halle respaldada por los manuales, la cruda luz a la que se presentan personas e instituciones cuya funesta actuación pretérita no cabe negar.

Pero cualquier teatro, aunque sea histórico, debe ser, ante todo, actual. La historia misma de nada nos serviría si no fuese un conocimiento por y para la actualidad, y por eso se rescribe constantemente. El teatro histórico es valioso en la medida en que ilumina el tiempo presente, y no ya como simple recurso que se apoye en el ayer para hablar del ahora, lo que, si no es más que recurso o pretexto, bien posible es que no logre verdadera consistencia. El teatro histórico ilumina nuestro presente cuando no se reduce a ser un truco ante las censuras y nos hace entender y sentir mejor la relación viva existente entre lo que sucedió y lo que nos sucede. Es el teatro que nos persuade de que lo sucedido es tan importante y significativo para nosotros como lo que nos acaece, por existir entre ambas épocas férrea, aunque quizá contradictoria, dependencia mutua.

Mas todo ello se enfoca, ya se ha dicho, con una mirada actual. Es decir: desde un pensamiento crítico que no acepta sin examen los tópicos históricos y que procura entrever, bajo su espesa capa, las realidades desfiguradas. De ahí, que un verdadero teatro histórico haya de ser "desmitificador" o "desalienador", y me excuso por lo manoseado de ambas palabras. Lo que verdaderamente fueron ciertas relaciones sociales, lo que en realidad fueron o pudieron ser ciertos prominentes personajes y determinados sucesos memorables, es lo que el dramaturgo intenta desentrañar. Pues se trata, en suma, de conciencia que todos los espectadores deberían desarrollar. Y por ello es correcto hablar asimismo de un teatro histórico cuyo argumento y supuesta época sean estrictamente actuales cuando, además de su contenido dramático, asume o esboza la consideración historicista de nuestro tiempo y de los personajes, sean éstos reales o fingidos.

Hay que preguntarse si, para el ejercicio afortunado de tal tipo de teatro, existen formas privilegiadas que lo faciliten; si ciertos estilos o tendencias son intrínsecamente preferibles a otros para la feliz consecución del teatro histórico. Personalmente creo que es una cuestión intrincada sobre la que no se pueden formular afirmaciones tajantes. Por considerar predominantemente a las obras históricas como instrumentos de crítica y sátira social, se ha propendido en nuestro tiempo a enmarcarlas en formas alegóricas, farsescas o esperpénticas. Es una vía posible y eficaz, sin duda. Pero no creo aceptable el punto de vista radical que la entiende como la única propia de nuestros días y la más adecuada al propósito que se persigue. Con la alegoría se pueden lograr equivalencias sencillas y clarificadoras; con la farsa, punzantes sarcasmos. Son modos creadores legítimos para determinadas obras. Pero si los tomásemos como fórmulas únicas o como las más auténticas podríamos favorecer la privanza de un teatro infantilizado, de someras situaciones didácticas y de acartonadas marionetas que, paradójicamente, suscitasen en el público la nada formativa y petulante sensación de una superioridad ilusoria. El esperpento -a condición de entender en qué consiste y no al modo sólo farsesco como es frecuente entenderlo hoy- sí sería una vía creadora más certera. Pero tampoco deberíamos considerarla, creo, como la única o más indiscutiblemente apropiada a la obra histórica escrita en nuestros días. En diversos grados, todas esas formas configuran "la mirada desde el aire" al personaje, de que habló Valle-Inclán; pero la que él llamó asimismo "mirada en pie", que nos acerca e identifica mejor con seres de ficción a nuestra misma altura humana, es erróneo a mi juicio entenderla como de inferior potencialidad crítica, o inferirle el dislate de condenarla como mirada "burguesa". Hace ya años que, a la "distanciación" brechtiana o a la casi farsesca de la mirada "desde el aire", se está reincorporando en el teatro la mirada "en pie", enriquecida con ingredientes no lejanos al superrealismo. Para repetir reflexiones que ya me permití en otra ocasión, no creo cierto que la mayor fuerza crítica se halle siempre en la farsa, o en el esperpento, y no, otras veces, en la tragedia.

El autor de dramas históricos tiene hoy, pues, a su disposición un denso repertorio lingüístico. Puede escribir tragedias totales, puede hacer obras trágico-esperpénticas, puede usar de la farsa, puede matizar todo ello con significativos aspectos superrealistas o expresionistas. Preconizar la hegemonía de cualquiera de esas tendencias, o de un grupo afín de ellas, en toda ocasión, sólo servirá para empobrecernos.

La crítica histórica no es menos vigorosa cuando se apoya en la sutileza, la oblicuidad, el misterio o la experimentación; podrá ser más oscura, pero no más débil. Creo incluso que es más dinamizadora cuando se beneficia de esas complejidades que cuando nos relata un simple silogismo sociológico de exposición sencilla y desenlace previsible. Y tampoco me parece razonable que, para lograr un verdadero teatro popular -sea o no histórico- y la efectiva popularización del teatro, haya que prescindir de tales riquezas y simplificar el lenguaje dramático. Seamos implacables en la crítica, pero abundantes y pluralistas en las formas de creación.

Seamos, también, permanentes desmitificadores. Porque estamos especulando acerca del fenómeno vivo de un teatro histórico que, contra las interpretaciones tradicionales, denuncia la otra cara de los personajes y las circunstancias; pero no podemos echar en olvido que algunas de esas otras caras llegan a transformarse en lugar común, pierden a su vez realidad y se convierten en otro mito exangüe. Y tampoco debemos ser, contra los mitos mendaces de la historia, estancados propagandistas de algunos de los que los han sustituido. Toda interpretación histórica es problemática, y en mayor medida de lo presumible, enigmática. Hacerse cuestión de ese problema y ese enigma; poner entre sutiles paréntesis dentro de la obra algo de lo que ella misma asevera es, probablemente, el último y más fecundo secreto de la creación bien entendida. Pues todo arte es, por muy inequívocos que sean sus significados principales, multisignificativo. Y en ello reside su grandeza y su poder. Y hasta la posibilidad, de tarde en tarde, de crear algunos mitos no mendaces y perdurables.

Las presentes reflexiones no pretenden ser definitivas. Sólo representan mi discutible aportación personal a un diálogo que nunca debe concluir.

Sus fieles seguidores le guardan y tributan veneración y respeto. Esgrimen y ondean con orgullo sus símbolos y sus banderas, compartiendo sin fisuras el rechazo permanente que el personaje tuvo hacia la democracia y los partidos políticos. Difícilmente toleran que se le coloque en el museo de los más crueles y sanguinarios dictadores, al lado de Hitler o del recién fallecido Pinochet.

Los dictadores no tienen amparo en la posible prescripción de sus crímenes. Para ellos el tiempo no es el olvido. Un golpe de Estado contra la democracia es un hecho histórico pero nunca será un acto legítimo.

Siguiendo los debates que se han abierto sobre la necesidad de cerrar una época negra y trágica de España nos encontramos ante una realidad que, por encima de opiniones e interpretaciones de la historia, nos demuestra que Franco no ha muerto. Está presente en estatuas, avenidas, calles y fundaciones legalmente constituidas. Su nacional catolicismo, única estrategia política que hábilmente mantuvo hasta su muerte, se ha perpetuado en la cúpula del Episcopado.

Una de sus máximas favoritas sostenía que los ciudadanos españoles, presos de sus demonios familiares, no estaban preparados para la democracia. Ahora que hemos superado nuestra "impericia" para vivir en democracia, ha llegado el momento de rescatar el valor superior de la justicia para los que murieron o vivieron sojuzgados durante la larga dictadura. De nuevo nos encontramos con los demonios familiares encarnados, esta vez, en algunos demócratas y, por supuesto, en los hijos espirituales y nostálgicos de aquellas gloriosas gestas que, según el derecho internacional de las sociedades y países civilizados, no son otra cosa que crímenes contra la humanidad.

Negarse a la anulación de los Consejos de Guerra sumarísimos con el pretexto leguleyo de que afectaría a la seguridad jurídica o la manipulación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de los derechos fundamentales, llena de perplejidad a muchos juristas. Todavía no he conseguido hacérselo entender a muchos colegas latinoamericanos que admiran la decisión con la que España aplicó el principio de justicia universal, persiguiendo a dictadores con el beneplácito y la admiración de la comunidad internacional.

No voy a perder el tiempo argumentando, una vez más, sobre la razón legal que nos asiste a los que mantenemos la posibilidad de su anulación. Sólo diré que la vergonzante propuesta de ley cuya tramitación se inicia, llega hasta el extremo insólito de vedar la publicación de los nombres de las personas que han intervenido en la comisión de hechos que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado como crímenes contra la humanidad.

Los más ilustrados de los grupos de opinión que no comparten la revisión legal del franquismo han acuñado una frase que aplican al presidente del Gobierno, al que acusan de "sectarismo revisionista". Seguramente no han leído la ley que propone, ni les interesa.

Algunos clasifican las dictaduras como los vinos. Incuestionablemente nuestra dictadura pertenece, por su duración, a la gran clase de la vinicultura y seguramente por ello piensan que no conviene mover la botella no vaya a ser que el preciado liquido se deteriore.

Las dictaduras chilena, uruguaya y argentina, al parecer, no alcanzan esta condición. Sus comportamientos fueron calcados de la ilustre marca que les ofrecía España. Suspensión de sindicatos, disolución de partidos políticos, del Congreso de los Diputados y de las Cortes Supremas de Justicia. La experiencia histórica y el buen consejo de Henry Kissinger les evitó caer en el enojoso trámite de articular consejos de guerra o cortes marciales que, con métodos expeditivos, encadenasen sentencias de muerte para los subversivos. La solución del exterminio la compartieron con los golpistas españoles, pero se olvidaron de trabas documentales y se dedicaron a chupar personas, torturarlas y hacerlas desaparecer de las más distintas y crueles maneras. Sus crímenes, iguales que los de la dictadura española, fueron juzgados. Pero la situación de inestabilidad obligó a dictar claudicantes leyes de obediencia debida o punto final.

La Corte Suprema argentina anuló éstas. Muchos asesinos tuvieron que sentarse en los tribunales y ser juzgados con el máximo respeto y protección de sus garantías democráticas. Pinochet era un delincuente político y económico que vivió envuelto en la ignominia de haber asesinado, y además robado el dinero público. Bordaberry, el presidente uruguayo que se prestó a dar cobertura al golpe militar, acaba de ser detenido y va a ser juzgado.

En España, a setenta años del golpe militar que dio paso a casi cuarenta años de dictadura, muchos piensan que los asesinatos "legales y selectivos", las torturas que sufrieron infinidad de ciudadanos y el miedo de los supervivientes fueron incidencias del pasado que debemos olvidar.

Un político uruguayo, cuya dictadura es la última de la lista, nos recuerda que la historia sólo es historia cuando es completa, cuando no tiene espacios vacíos y cuando las responsabilidades, los méritos, las tendencias, los aciertos y los errores ocupan su sitio.

En esta España marcada por cuarenta años de fascismo, sólo cabe descubrir a los muertos y enterrarlos de nuevo. Recuperar la dignidad que les llevó a oponerse a la barbarie de un golpe militar no merece el esfuerzo de aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es clara, los españoles durante los años de la dictadura no teníamos derechos humanos, sólo éramos súbditos y además extraterrestres. Los redactores del texto de la ley, conocida simplificadamente como "de la memoria histórica", no han leído, con rigor jurídico, ni las leyes alemanas de desnazificación, ni la doctrina que emana del Tribunal Supremo estadounidense cuando ha llegado a sus manos el primer caso de los zombies naranjas que deambulan por Guantánamo.

Si no hay espacio político para la razón es mejor que se aparque la ley y la nefasta idea de borrar el pasado con certificados de buena conducta, si es que los cinco hombres sabios deciden que concurren los requisitos legales.

José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo de España.

La petite Claudine

Cuando en 1992 los espectadores de la MTV eligieron a Linda Hamilton como la mujer más sexy del planeta, a mi amiga Pía se le salían las amígdalas de la boca. Sus palabras fueron (y cito textualmente): "¡¡¡Perosiesunmarimacho Porlosclavosdecristo!!!" (y fin de la cita). Secretamente, sin embargo, yo les dí la razón: ninguna sirena de largas pestañas puede competir con una Mujer Que Tiene Su Propio Arsenal. ¿Por veinticinco pesetas cada una? Linda Hamilton.

La leyenda dice que las amazonas se cercenaban un pecho para tirar mejor con el arco. Aunque ningún texto clásico lo confirme, dicha leyenda ha sobrevivido a otras de gusto más dudoso, como su costumbre de hacer prisioneros, repartirlos para la cópula y después desmembrarlos para dar de comer a sus perros, a los que querían con devoción. Como Hitler. Mientras mujeres quizá más bellas se ponen pecho sobre el que ya tienen para hechizar a magnates y futbolistas de primera división, las amazonas nos parecen aún más hermosas porque, entre la guerra y la teta, han elegido la guerra. De una manera enfermiza y equívoca, eso pone mucho más.

Amazonas urbanas, alabado sea el señor

Su descendiente moderno y urbano, la Mujer que Tiene Su Propio Arsenal, es peligrosa pero no chunga como la chiflada autodestructiva que te mete en una pelea de bar y luego se queda detrás de la barra mirando cómo te dan. Sabe defenderse sola; es poco probable que nos llame a gritos desde el armario porque ha visto una araña. Si se la pegas con otra no llorará después de follar ni empezará un curso de cerámica a domicilio; te romperá la mandíbula y ya está. Una mujer capaz de manejar un aka47 o pilotar un bombardero tiene poco tiempo para el chantaje emocional. Pero, sobre todo, nos gusta por puro sentido común: es como salir con tu mejor amigo y que, al final de la noche, se transforme por arte de magia en una diosa del sexo. No se le puede pedir más a la vida.

Dicho esto quiero aclarar que lo de Linda Hamilton es sólo una anécdota. El 92 fue un año difícil para los espectadores de la MTV, pero hay un antes y después de Angelina Jolie. No es sólo Tomb Raider. Angelina no es una de esas famosas que tiene un jet privado y una casa en Malibú; ella pilota su propio avión y lo aparca en una selva de Namibia donde tiene su casa de vacaciones en medio de la jungla. A la bella Angelina deberían darle sólo papeles de acción: se mueve como una araña, trepa como un mono y, cuando se enamora del malo, se da cuenta enseguida y le rebana la yugular sin demasiada pena. Con franqueza, no creo que Brad Pitt esté a la altura. Hasta en Mr y Mrs Smith -pelicula que a mi, por cierto, me gustó- queda bien claro hasta qué punto no lo está.

Lo que no puede ser

A la mujer guerrera no le van los dramas y, cuando los hay, se los cura bebiendo tequila con un grupo de mercenarios. Para desenmascarar a una amazona de pega basta con decirle que su novio ha estado vendiendo secretos militares a una compañía de patentes en Corea del Norte o que ha sido elegido por una negra hippy para salvar el planeta. Kate Beckinsale no sólo lloriquea por un humano de mierda sino que además lanza las balas como si fueran polvos mágicos en una función escolar. Las tres Nikitas, psicópatas de diseño, se la pasan haciendo pucheros delante de su jefe y dejando el azote del crimen para marcharse con un holgazán. Y no me hagan empezar con la Trinity, con su cara de mal rollo y venga dale que te pego con el puto oráculo. Eso es dime de qué presumes y te diré que te vuelvas al pueblo de donde nunca debiste salir. Menudo ejemplo le dan a las niñas.

En los últimos años, el cine ha producido unas cuantas amazonas inesperadas, como el asombroso caso de Milla Jovovich (Resident Evil, 2002) que se pasa hora y media matando zombies, maridos y esquivando trampas mortales con el camisón de saten rojo más sexy que haya visto una sábana. O Monica Bellucci en Doberman (1997), donde es gitana, sordomuda y se mueve por entre las balas como el coronel Kilgore en Apocalypse Now, con el demonio en el cuerpo. Hay una guerrera sin escrúpulos ni entrañas en el extraño y excitante experimento Battelle Royale pero a esa le dedicaremos más tiempo más adelante.

Mirando hacia atrás, la única amazona que se me antoja comparable a Angelina, aunque sea sólo por un instante maravilloso, surge de un traje espacial con una breve camiseta blanca y unas más breves braguitas de talle bajo, minúsculas, después de perseguir a muerte a un villano perfecto que ya no se sabe si se la quiere comer o se la quiere follar. No se sabe si no te has visto la cuarta entrega, claro. Sólo por ese momento alguien como Sigourney Weaver puede compararse a la incomparable Angelina Jolie. Después de semejante hazaña, yo no habría hecho ninguna secuela. Me habría retirado y ya.

A finales del mes de julio, el Gobierno presentaba el proyecto sobre la pretendida reparación moral de las víctimas de la guerra civil española y la dictadura. Proyecto no solo decepcionante, sino también injusto con dichas víctimas. Y que no puede, como pretende, "fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles". La causa es que parte de un planteamiento histórico e ideoló gico erróneo.

El primer error, expresado en el artículo 2, es referirse a la República, ya producida la sublevación militar, como un "bando". Según la Real Academia Española, bando significa "facción, partido, parcialidad". No es en modo alguno admisible que se utilice un término peyorativo, hasta injurioso, para describir las instituciones legítimas de la República. No hubo dos bandos: había un Estado democrático y, frente a él y contra él, unos militares facciosos que se levantaron en armas. Es un planteamiento que vicia el proyecto desde su origen, porque, bajo una apariencia de distanciamiento y neutralidad histórica, trata como si fueran iguales al Estado democrático y a los golpistas.

Como consecuencia de tal planteamiento, el proyecto contiene un pronunciamiento, además de profundamente conservador, ofensivo para la memoria de las instituciones republicanas. Afirma, de forma general, "el carácter injusto de las condenas y sanciones (...) producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la guerra civil". De manera que para el Gobierno merecen el mismo reproche, ser tachadas de "injustas", las medidas de defensa de la legalidad democrática adoptadas por Gobierno republicano, por muy excepcionales que fuesen, y la represión despiadada impuesta por los sublevados y ejecutada por los consejos de guerra y los tribunales especiales, radicalmente carentes de legitimidad y de cualquier asomo de garantías y de legalidad. Sobre todo cuando, durante ese periodo, ciertos dirigentes republicanos, como el ministro de Justicia Irujo (PNV), fueron especialmente vigilantes con el respeto de las garantías en el funcionamiento de los Tribunales Populares.

Así resulta si se analiza su actuación desde el 17 de mayo de 1937. Los decretos que dictó el 22 y 29 de junio y el 6 de agosto acreditan su preocupación --incluso en una situación tan adversa-- por lograr que en dichos tribunales y en los jurados de urgencia se acentuara la presencia de jueces y fiscales de carrera, para que fuesen progresivamente integrados en la administración de justicia ordinaria y para que el procedimiento judicial se ajustase a las mayores garantías posibles. ¿Quién puede atreverse a equiparar estas medidas con el terror impuesto por los tribunales fascistas? El texto del Gobierno es un modo tácito de atribuirles las mismas responsabilidades e iguales abusos a quienes gobernaban legítimamente que a los sublevados.

El proyecto, además, rechaza cualquier forma de declaración de nulidad radical de las sentencias dictadas por el aparato represor instituido por Franco en el decreto 55 de del 1 de noviembre de 1936 y en disposiciones posteriores, ya concluida, si es que cabe hablar así, la contienda militar. Comete un gravísimo error. En su lugar, las "personas afectadas" y sus familiares pueden acudir a un procedimiento administrativo ante una comisión interministerial para solicitar que un consejo de cinco personalidades elegidas por el Congreso de Diputados declare, en su caso, si "las ejecuciones, condenas o sanciones sufridas son manifiestamente injustas".

Francamente, la respuesta que se les ofrece no puede ser más pobre e insuficiente. Pero, sobre todo, no puede pretenderse que los miles y miles de perseguidos, depurados, torturados, privados de libertad, sometidos a trabajos forzosos y fusilados o sus familias deban ahora, después de todo el sufrimiento padecido, acudir a que se reconozca de forma muy moderada que fueron injustamente perseguidos, cuando es evidente para ellos, para todos los demócratas y para la comunidad internacional que fueron víctimas de un genocidio.

Porque todas las sentencias, sin excepción, dictadas por el aparato represor franquista, sin necesidad de que medie un reconocimiento individualizado que lo declare, eran "contrarias a los derechos y libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente". Por tanto, solo cabe su declaración de nulidad, porque esa pretendida declaración mantiene la plena validez de todas ellas.

Finalmente, la limitación de la declaración de reparación a las resoluciones "manifiestamente injustas" suscita una honda preocupación. Porque permite deducir y admitir que durante la dictadura pudo haber sanciones y condenas que no fueron tan injustas o que, en ciertas circunstancias, llegaron a ser justas. Y, en consecuencia, no merecerían ningún reproche ni, desde luego, que las víctimas fuesen reparadas. El reconocimiento de esta posibilidad es tanto como otorgar cierto grado de legitimidad a las instituciones fascistas y a sus decisiones. Si ya es grave que se pongan en duda los valores del orden republicano, no puede aceptarse de ningún modo que durante la dictadura la represión política o ideológica pudiera justificarse.

Las víctimas del fascismo, como ha dicho el jurista Martín Pallín, merecen algo más, mucho más, que un "certificado de buena conducta". Por todo ello, el proyecto debería ser retirado o sustancialmente modificado. Así lo exige la honradez histórica y el respeto a la memoria de las víctimas.

El destino del tratado constitucional de la Unión Europea preocupa poco al ciudadano común. Hay quien aducirá que no podía ser de otra manera: si casi dos años atrás el interés por la cuestión fue entre nosotros liviano, las noticias llegan ahora un tanto deshilachadas y, para que nada falte, la controversia está a la orden del día.

El punto de partida de las disputas parece, sin embargo, claro. Como quiera que Francia y Holanda, que celebraron sendos referendos al efecto, no han ratificado el tratado, éste no puede entrar en vigor. No procede invocar, por añadidura, la norma que señala que, de aprobar aquél un mínimo de veinte Estados, las instancias competentes examinarán lo que debe hacerse y, cabe suponer, sacarán el texto adelante. Mil veces se ha repetido que esta salvedad partía de la premisa, cierto que no verbalizada, de que entre los miembros de la UE reticentes a dar su visto bueno al tratado se contasen en exclusiva países de relieve menor y, tal vez, incorporación reciente. Aunque el sano juicio ha ido reculando, pocos son los que dudan de que la clásula 'de los veinte' no es de aplicación, en cambio, en casos como los de Francia y Holanda. Agreguemos, en fin, que el resultado de los referendos galo y neerlandés ha abocado en la silenciosa y poco edificante cancelación de las consultas que se intuía podían conducir a nuevos rechazos.

Tres grandes respuestas han cobrado cuerpo ante un escenario como éste. La primera afirma, por sorprendente que pueda parecer, que aquí no ha pasado nada y que, de resultas, debemos actuar como si no se hubiesen celebrado los referendos francés y holandés. En el trasunto de esta percepción, traducida en una defensa casi militar del tratado, está la presunción de que, aunque en ocasiones no se expliquen de forma convincente, los dirigentes de la Unión nunca se equivocan. Debo confesar que cuando, un par de años atrás, me preguntaban si existía un plan B para preservar incólume, cayese la que cayese, el texto en cuestión, solía responder, sin creerlo yo mismo en demasía, que naturalmente que sí. El terreno para que el plan B germine se ha ido labrando de la mano de un puñado de declaraciones que antes que otra cosa reflejan la estulticia de sus emisores. Ahí están, por ejemplo, esos procelosos cálculos que computan puntillosamente los 'noes' registrados en los pocos países que han organizado referendos, y acopian sin cautela, en cambio, la cifra bruta de los habitantes de los Estados cuyos parlamentos han ratificado, sin consulta popular alguna, el tratado. Pero está también la torticera sugerencia de que hay que aguardar, como si esto cambiara un ápice el panorama, los resultados de las próximas elecciones francesas y holandesas. ¿Por qué no esperar también a conocer lo que votan los ciudadanos en los países que han ratificado el tratado? Si a la postre se impone el 'aquí no ha pasado nada' -sobre la base, tal vez, de la confianza en que el tiempo hará que las aguas bajen más tranquilas en Francia y Holanda-, lo suyo es que provoque una justificada rebelión y, con ella, una crisis aún más honda.

La segunda respuesta sostiene que hay que salvar, y sacar adelante, determinadas partes del tratado constitucional y tirar por la borda, claro, otras. Como quiera que nadie negará que había elementos respetables en aquél, a primera vista no hay motivos para rechazar este horizonte. Harina de otro costal es, claro, la determinación de cómo debe actuarse. ¿Qué segmentos habrían de preservarse? ¿Existe un amplio consenso al respecto? ¿Es material y jurídicamente posible desgajar sin más, como algunos piden, la tercera parte del texto? Y, sobre todo, ¿quién ha de tomar las decisiones que hagan al caso? Una vez la población -al menos en algunos Estados- ha podido expresarse, ¿cómo casaría con ello una fórmula que devolviese la capacidad de decisión, en exclusiva, a las élites dirigentes? La imaginable celebración de nuevos referendos en Francia y Holanda, ¿no generaría la impresión de que se trata de colar, como sea, el tratado, y no levantaría, en paralelo, problemas en los Estados que ya han ratificado éste?

El meollo de la tercera respuesta es la demanda expresa de que todo empiece desde cero, procurando no repetir los errores de la Convención y los desatinos de los dos últimos años. Aunque en términos democráticos, y conforme a la legalidad, éste es el único horizonte hacedero, ninguna garantía existe de que el proceso llegue a buen puerto, tanto más si -como parecen desearlo algunos partidarios de esta opción que, llamativamente, quieren volver a las andadas de 2004-2005- se rehúye el camino de la libre y directa expresión de la voluntad popular. Al margen de lo anterior, la posibilidad que nos ocupa no encaja con las prisas de quienes desean conferir un marchamo legal más sólido al desorden neoliberal imperante o, en su defecto, aspiran a que la bicicleta siga pedaleando, no vaya a ser que la crisis vaya a más...

Desemboquemos, con todo, en lo principal: lo realmente grave no es que las tres opciones descritas planteen problemas acaso insorteables. Lo inquietante, antes bien, es la negativa de buena parte de la élite dirigente de la UE a tomar nota de lo que pasa. ¿Por qué tantos se han preguntado por las razones, que supuestamente ocultarían agudas patologías, del 'no' francés, y tan pocos, en cambio, por la sonrojante normalidad del 'sí' español? Aun a sabiendas de que las razones del 'no' fueron muchas y variadas -no así, dicho sea de paso, las del 'sí', con el grueso de la gran familia socialista cerrando filas, a saber por qué, con liberales y conservadores-, prestemos oídos a quienes se inclinaron por repudiar el tratado por entender que apenas permitía encarar un atávico 'déficit democrático', daba alas a una desafortunada aberración estatocéntrica, ratificaba sin rebozo la quiebra, cada vez más palpable, de los Estados del bienestar, alentaba esa formidable superstición llamada competitividad y perfilaba, retórica aparte, una política exterior profundamente insolidaria. Éstos, y no las minucias que rodean a las desventuras de un aciago tratado constitucional, son los problemas que acucian hoy a la Unión Europea.