Caffè Reggio

Historias del exilio

En este país se ha escrito poco sobre el exilio. Siento esto cada vez que hablando sobre el tema alguien dice: “¡Estar en París y extrañar Montevideo! Sólo un loco”.

El exilio no es sólo el dolor de estar lejos de todo lo que amamos, sino también de enfrentar este hecho con un interior desbaratado. Las piezas que conformaban nuestro aparato psíquico están ahí, ¿pero dónde?, ¿qué hacer para encontrarlas? De esto quiero hablar. De la fuerza y la confianza que es necesario rescatar sobre todo, ya que sin ellas en esta maraña en que estamos hundidos no podremos hacer nada.
Esta pequeña historia que contaré habla de ese rescate.

Vengo caminando, por Belgrano en Buenos Aires, en una mañana soleada pero fría, con la cara empapada en lágrimas. Tantas que no veo a la gente que se cruza conmigo.
—¡María Esther!
—Sí, ¿quién sos?
—Haroldo.
—¿Qué Haroldo?
—¿Cuántos Haroldos conocés? Haroldo Conti.
—Ay, Haroldo.

Haroldo abrió los brazos y yo me metí en ese espacio que me ofrecía. “Ay, Haroldo”.

—¿Qué pasa, muchacha, qué pasa?
—Volví hace un mes de París, pero no a Montevideo.
—Pero vos sabías que no volvías a Uruguay.
—Sí, sabía. Pero pensaba que Buenos Aires era lo mismo.
—Escuchame, lo que te pasa es normal. Vas a salir, pero sería bueno que alguien te ayudara.
—¿Quién?
—Un profesional.
—¿Un psicólogo? No tengo plata.
—Llamame mañana que te doy el número de una psicoanalista que te va a atender. Ella verá la manera.

Dos días más tarde llamé a Elba, la psicoanalista que vería la manera.

—¿Quién dijiste que eras?
—María Esther Gilio.
—No, mirá, yo no puedo atenderte. Me gustaría, pero no puedo. Tenemos muchos amigos en común. Te doy el número de otra profesional que es tan buena como yo. Llamala.

Llamala vos, idiota, pensé. Estaba ofendida, disgustada, triste, desconfiada. “Amigos comunes.” Indiferente, egoísta. No llamaré a tu recomendada ni a ninguna psicoanalista que viva en este mundo. Habían pasado dos o tres días cuando al subir del subte, en la calle, me crucé con Aldo Guglielmone.

—¡Aldo!
—¡María Esther! No sabía que estabas acá. ¿Cuándo llegaste? Vení, vamos a tomar un café.

Sentados a una mesa de un café de plaza Italia hablamos de mis sufrimientos y, sobre todo, de la analista que se había negado a atenderme. Fijate vos que esta cretina, que se llama Elba no sé qué, no quiere atenderme porque tenemos amigos comunes. Podía haber inventado otra excusa, algo más creíble.

Aldo miraba su café en silencio. Lentamente ponía azúcar, cuidando de no llenar la cucharita y revolvía con igual cuidado. Estaba distraído. “Aldo, no me estás escuchando”. Me miró, puso su mano sobre la mía y dijo: “Elba Azardui es muy amiga mía. Te digo más, fue mi mujer hasta hace unos cuantos años, en que nos separamos”.

Dos días después llamé a Ema, la recomendada de Elba, quien había dejado de ser indiferente y egoísta. Ema me citó para el día siguiente y en dos minutos resolvió el problema del pago. Cuando empezara a trabajar le pagaría. ¿Usted cree que rápidamente voy a encontrar trabajo?

Ema me miró en silencio.
—Bueno, si usted lo dice. Pero de periodista no.
—¿Por qué no?
—Mi periodismo acá no funciona.
—¿En qué sentido?
—Jacobo Timerman, después de leer en su diario la entrevista a Neruda que había aceptado publicar su director de cultura, Juan Gelman, me dijo que no sabía cómo “eso” había llegado al diario.
—¿Cómo se lo dijo?
—Me lo dijo al cruzarse conmigo en un corredor de La Opinión. “Che, qué cagada me encajaste, ¿cómo hiciste para convencer a Juan de que te publicara eso?” Dése cuenta. Si hay algo que no puedo hacer es periodismo.
—Ahí hubo dos opiniones. Una de Juan Gelman, otra de Jacobo Timerman. Confía más en Jacobo Timerman.
—No, no sé…
—Creo que sí.
—Sí, tal vez.

A partir de ese día, fundamentada mi decisión de no hacer periodismo, empecé realmente a buscar trabajo. Todos los días abría Clarín en “Trabajos se ofrece”, y revisaba, con un bolígrafo en la mano “secretaria se precisa”, pero qué lejos estaba de ser una secretaria medianamente aceptable. Mala en la máquina, que escribía con alguna rapidez, pero con dos dedos, mala en idiomas, porque si bien podía revolverme en tres o cuatro, sólo el español lo hablaba y escribía fluidamente.

Hacía casi un mes que buscaba cuando Tomás Eloy Martínez, que me conocía de tiempo atrás, me llamó desde La Opinión. “¿No querrías hacer unas entrevistas sobre El último tango en París que acaba de ser prohibida?”

—No, no sé…
—Cómo que no sabés. Esta es una nota para vos.
—¿Puedo contestarte mañana?

Llamé a Ema, quien me citó para esa misma noche a las nueve y media. Fui serena. Es verdad que precisaba trabajo, pero no quería hacer periodismo y, por más que Ema se lo propusiera, no me convencería.

—Vamos a suponer que acepta hacer la nota, ¿qué puede pasar?
—Puede pasar que no sirva.
—¿En ese caso usted se daría cuenta?
—Apenas entrevistados el juez y el fiscal ya sabría si el material conseguido era el indicado.
—¿El indicado para qué?
—Para reflejar el espíritu provincial y reaccionario de estas dos personas que aprueban la prohibición del filme.
—Es decir que tiene claro cuál es el objetivo de las entrevistas.
—No sé qué quiere Tomás. Yo aspiraría a eso.
—Tal vez él quiere conocer los argumentos que llevaron a esas personas a tomar la decisión.
—Pienso que si fuera sólo eso habrían encargado el trabajo a cualquier chico o chica de “vida cotidiana” o de “espectáculos”.
Ema quedó en silencio mirándome.
—Usted no es cualquier chica de “vida cotidiana”.
—No.
—¿No?
—Creo que no.
—Entonces…
—No sé –dije.
Por un largo rato ambas quedamos en silencio. Yo, mirando un bolígrafo que había hecho girar entre las manos durante toda la sesión. Ema mirándome a mí.
—Bueno –dijo ella finalmente. La espero el martes a las 3, como siempre.

¿Qué había pasado? ¿Yo le había prometido que haría el trabajo? ¿Ella pensaba que lo haría? ¿Debería hacerlo para complacerla?
Bajé del ascensor y miré el reloj. Faltaba un rato para las 10. 20. La sesión había sido quince minutos más corta. Me senté en el escalón, contra la pared, un lugar oscuro desde donde veía la calle Córdoba, a esa hora todavía tapada de autos que se deslizaban veloces hacia el norte. ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue? No sé. Yo dije que no era una aprendiza, o algo así. ¿Qué quise decir? ¿Que puedo hacer bien mi trabajo? ¿Eso quise decir? Sí, eso fue lo que quise decir. ¿Por qué, si no quiero volver al periodismo? Porque es verdad. Lo dije porque es verdad. Sin embargo, no siempre es verdad. En Uruguay es verdad. Aquí también, para Tomás Eloy y para Juan Gelman. ¿Qué pensé antes de la sesión, cuando todavía estaba en casa? “Ema no me convecerá.” Sin embargo estoy dudando. ¿Qué dijo para hacerme dudar? Veamos. Debo repasar la conversación con calma. Prolijamente. En algún momento dijo “Usted puede”. No sé cuándo pero seguramente lo dijo. ¿O no? No, eso no lo dijo nunca. Y si lo dijo no lo recuerdo. No recuerdo esas palabras. Algo tiene que haber dicho sin embargo. Ya me voy a acordar. Tengo que esperar. Tranquilizarme y esperar.

Salí a la calle y empecé a caminar hacia el sur. Eran más de las 12 cuando metí la llave en la puerta del edificio donde vivía, en Cochabamba y Defensa. Había caminado más de cuatro quilómetros. Me sentía excitada, cansada, con la cabeza llena de niebla y confusión. Cuando abrí los ojos a las 8 del día siguiente me levanté rápido pues debía preparar las preguntas para la entrevista. “Si fracaso la culpa es de Ema”, me dije, y reí en voz alta sin saber por qué. A las 12 bajé al bar de los gallegos para telefonear a Tomás, quien se mostró contento de que hubiera aceptado. “Pensaba que ni siquiera te molestarías en llamar”, dijo, y me pasó la dirección y hora de las citas ya combinadas por el diario. Una sería esa tarde a las 5; la otra al día siguiente entre las 12 y las 2. Yo decidía. Pensé en la ropa. Pantalón beige, camisa blanca, y el blazer escocés, gris, beige y blanco. No debía mostrar a mis entrevistados que aceptaba la película ni que la rechazaba, pero de mi aspecto debía surgir que pertenecía al sector de los que se sentían agredidos por la grosería de las escenas en cuestión.

Mientras subía las escalinatas del edificio, donde encontraría al fiscal, recordé las palabras con que las leyes uruguayas aludían al acto sexual que había provocado el escándalo y decidido la prohibición: “Acto sexual que se realiza por vaso indebido”. ¿También las leyes argentinas lo designarían de esta manera?

Un portero me condujo al despacho del fiscal, un hombre de rostro afable y clase social tan definida que no era necesario recurrir a su apellido que daba nombre a una calle para saber que pertenecía al grupo de los privilegiados.

(...)

La entrevista que apareció en la contratapa de La Opinión movió a muchos lectores a preguntar al diario de quién era esa nota sin firma. Daniel Divinsky supuso que era mía y me llamó. “¿Qué pasó que no firmaste?”, dijo.

Dos días después, sentada frente a Ema trataba de adivinar si sabía que ese trabajo era mío. Pero, claro, no podía esperar que ella lo dijera. Esas cosas razonables no son las que hacen los analistas. Callada inescrutable me miraba esperando que yo empezara. Finalmente empecé.

(...)

A partir de este momento sentí que podía mantenerme escribiendo. Es decir, sentí que el problema del trabajo se había resuelto. Tenía otros, pero de la resolución de éste dependía la tranquilidad que me permitiría abordarlos.

* Por razones de espacio se han omitido, sobre el final, dos importantes fragmentos del texto original (el diálogo con los censores, la conversación con Ema), ausencias incómodas que aquí aparecen señalizadas con paréntesis.

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Opinión: Con perdón del arzobispo

El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, en su mensaje de Navidad, ubicó en el perdón la clave para la reconciliación nacional.

¿Cuál perdón? Aparentemente el que los militares y otras autoridades de la dictadura deberían pedir y el que las víctimas, o sus familiares, deberían otorgar. La propuesta no es digna de quien ocupa, desde hace ya ocho años, tan alto cargo y que por añadidura presidió la Comisión para la Paz. Parece más bien un planteo formulado hace dos décadas, cuando recién comenzaba la discusión sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, porque muestra un verdadero desconocimiento de la historia uruguaya reciente. Cotugno prescinde de que en Uruguay los violadores de los derechos humanos siempre sostuvieron que no tienen motivos para pedir perdón, que no hicieron otra cosa que cumplir con su deber y que están, hasta el presente, muy orgullosos de haber actuado de ese modo. A su vez, para los familiares de los asesinados y desaparecidos el otorgamiento del perdón es, como dice el senador José Mujica, una cuestión del fuero íntimo de cada uno de ellos. Cotugno invoca una expresión del papa Juan Pablo II: “No hay paz sin justicia; no hay justicia sin perdón”. Es así, por supuesto, pero hay, además del perdón, otros elementos indispensables para llegar a la justicia y a la paz. Para perdonar hace falta saber qué se perdona y a quién se perdona, de modo que se requiere conocer la verdad y, para lograrlo, es necesario investigar. Para pedir perdón y ser perdonado, hay también otro requisito que en el caso uruguayo ha brillado por su ausencia: el arrepentimiento.

Cotugno, en su premura por cerrar este proceso a toda costa, prefiere ignorar otras voces que ha tenido la Iglesia Católica, como la de los sacerdotes Luis Pérez Aguirre e Ismael Rivas, ambos fallecidos en 2001. Decía Rivas hace 20 años, en una entrevista que concedió a BRECHA el 7 de junio de 1986, seis meses antes de que se aprobara la ley de impunidad: “Se está hablando de ‘no tener los ojos en la nuca’, de perdón, de reconciliación, y se está sosteniendo que esas actitudes se fundan en la caridad cristiana. Hace falta aclarar que la caridad cristiana se basa precisamente en la justicia. De ninguna manera se puede tolerar que queden impunes las injusticias que se hayan cometido. (...) Sólo se vería afectada una institución (N de R: las Fuerzas Armadas) si optase por encubrir a los miembros que hubiesen delinquido. Incluso, después de que haya un juicio, podrá discutirse una amnistía. Habrá que ver entonces cuál es el consenso de la sociedad. Pero primero tiene que saberse la verdad. Por algo Cristo siempre dice: ‘No tengan miedo: yo soy la verdad y la verdad los va hacer libres’. (Tener los ojos en la nuca) sería no llamar a las cosas por su nombre. Negarse a ver la realidad tal cual es. Sostener que se puede construir un nuevo Uruguay sólo con la gente que está de acuerdo en que los problemas no existen. O reconocer esos problemas cuando son demasiado evidentes, pero decir que los hay en todo el mundo y que por eso no debemos preocuparnos. Esta es una forma tremenda de falsear la verdad”.

El arzobispo de Montevideo no debería prescindir de la experiencia acumulada en el área de los derechos humanos por gente de la talla de Pérez Aguirre y Rivas, cuya memoria honra a su propia Iglesia.

El gobierno anunció el lunes 18 que impulsará un “punto final” a las investigaciones sobre desaparecidos; y el martes la jueza penal Graciela Gatti procesó al dictador Juan María Bordaberry por coautoría en diez homicidios, ocho de los cuales corresponden a desapariciones forzadas.

La gente puede sentirse confundida: ¿cómo es la cosa? ¿Es posible decretar un punto final? ¿Es razonable proponer una “vuelta de página”? ¿O acaso el planteo está destinado inevitablemente a generar nuevas contradicciones, nuevas fricciones y estimular un debate cada vez más esquizofrénico, casi indecente, donde las verdaderas intenciones, de un lado y del otro, se enmascaran y alimentan con un falluterismo de circo?
Hay un plano que corresponde al Poder Judicial y otro al Ejecutivo. De modo que el “deber” de la justicia puede no coincidir con la “voluntad” política. El gobierno puede querer “dar vuelta la página” pero no puede interferir con la labor de los jueces. Y puede ocurrir que, mientras siga vigente la ley de caducidad, nuevas denuncias obliguen a los jueces a preguntarle al gobierno si corresponde o no seguir investigando.

Por ahora nada indica que el gobierno de Tabaré Vázquez vaya a modificar su interpretación de la ley de caducidad y por tanto a trabar las investigaciones judiciales. Pero si las investigaciones continúan y se profundizan, entonces no habrá punto final y el senador Gustavo Penadés tendrá oportunidad de reiterar su advertencia de que no debe confundirse justicia con venganza, lo que dicho así y a modo de comentario sobre el procesamiento de Bordaberry, suena como una crítica gruesa a la magistrada.

Las reacciones de los principales dirigentes del partido de la impunidad, tanto al anuncio del gobierno como a la decisión de la justicia, ponen en evidencia las debilidades de la propuesta de punto final, precisamente por el carácter ambiguo del planteo, que da lugar a no menos ambiguas respuestas desde la derecha. Tanto Julio María Sanguinetti como Jorge Batlle, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga coincidieron en que la propuesta del gobierno es una “engañifa” y que no hay voluntad de “reconciliación”.

RESTOS. Tal como se anunció el lunes 18 en el Consejo de Ministros, y tal como será informado en detalle a la totalidad de los miembros de la bancada parlamentaria oficialista, el gobierno se propone clausurar la actual etapa de búsqueda de restos de desaparecidos. Así expuesto, el asunto sugiere que, al completar el año, después de exhaustivas excavaciones en los terrenos de dos unidades militares, el gobierno está impedido de avanzar más. Pero al proponer “dar vuelta la página”, para fomentar “la reconciliación” y fijar una fecha –19 de junio– como el día del “nunca más”, da a entender que no quiere seguir buscando.

En realidad, en materia de búsqueda de restos de desaparecidos y, más aun, búsqueda de la verdad, queda mucho para hacer. Por eso es que el anuncio de “cierre de una etapa” generó rechazos en organizaciones de derechos humanos y en sectores del Frente Amplio. Y a raíz de esas reacciones sobrevino una aclaración del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien le comunicó al antropólogo José López Mazz, jefe del equipo que realizó las excavaciones, que el gobierno está dispuesto a continuar con la búsqueda de restos de desaparecidos en dependencias militares, “siempre y cuando aparezcan datos firmes que puedan chequearse y que justifiquen realizar excavaciones”.

Ahora bien: los “datos firmes que puedan chequearse” tienen una fuente principal de información: los militares que estuvieron directamente involucrados en las desapariciones. Si después de 20 años los responsables siguen manteniendo el secreto absoluto sobre esas historias, puede concluirse que la manera más expeditiva y exitosa de obtener “datos firmes” es ejerciendo la autoridad del gobierno y reclamando la subordinación de los militares.

Esa fue más o menos la vía a la que apeló el propio presidente cuando ordenó a los mandos que obtuvieran de forma reservada la información que permitiera ubicar los restos de los desaparecidos. Hoy se sabe que los militares involucrados mintieron a sus superiores y éstos trasmitieron la mentira al presidente; hace ya más de un año que el gobierno aguardaba la “información complementaria” que permitiera encontrar la ubicación exacta de restos. La información no llega y el gobierno decide clausurar una etapa. Queda claro que no tiene intención de ejercer presión para obtener la verdad, lo que significaría, además, castigar la mentira.

¿Existe alguna otra vía de obtener la información? Sí. Puede ser a través de una confesión privada de algunos de los involucrados, alguien que decida desembarazarse del peso de tanto crimen, o pueden ser indicios aportados por personal subalterno, que pongan en la pista de los cementerios clandestinos.

Por otro lado, el gobierno, según la explicación del secretario de la Presidencia, decide clausurar la búsqueda en unidades militares, pero de hecho extiende la clausura a todos los posibles cementerios clandestinos. Hasta ahora, la información no habría sido lo suficientemente “chequeable y firme” porque el gobierno, salvo algunas diligencias casi extraoficiales, no ha tomado la iniciaitiva de investigar en predios estatales no militares, donde se asegura que hubo inhumaciones irregulares.

Pero, ¿qué ocurre si tales indicios se transforman en denuncias judiciales y algún juez ordena excavaciones para confirmarlas o descartarlas? Se estaría de nuevo abriendo el libro, borrando el punto final, escribiendo nuevas páginas. No hay, desde ese ángulo, la manera de asegurar que se clausura una etapa.

Y más aun: el cierre de una etapa no sólo congela la búsqueda de los restos; también la información clave sobre el alcance del genocidio ocurrido en Uruguay. Está pendiente, por ejemplo, la información derivada de la confesión de que existió un “segundo vuelo”. Para el gobierno, las víctimas de ese segundo vuelo (el traslado desde Buenos Aires a Montevideo de los uruguayos prisioneros en el centro clandestino Automotores Orletti) están muertas, fueron asesinadas, pero ni siquiera se sabe su identidad, y menos quién decidió matarlos, quién los ejecutó y dónde fueron enterrados.

Se ha dicho que esta propuesta de punto final es una “señal” hacia los militares. ¿Señal de qué? ¿Señal para qué? ¿Acaso el gobierno quiere atajar la ofensiva que se insinúa desde el partido de la impunidad ofreciendo la vuelta de página? ¿Cómo va a desestimular el gobierno la determinación de un familiar de exigir verdad y justicia?

No se entiende. Más cuando desde el Poder Judicial –y debido fundamentalmente a la iniciativa de la sociedad civil y del cuerpo de abogados de la parte popular– algunos conceptos como la imprescriptibilidad y el carácter no amnistiable de los crímenes de lesa humanidad se consolidan y estimulan nuevas investigaciones. Si el gobierno ha sido incapaz de obtener la nómina de las víctimas que integraron el “segundo vuelo”, quizás el juez que investiga el caso logre que las autoridades del Ministerio de Defensa encuentren finalmente la información tan esquiva. Y ello va a llevar inevitablemente al castigo de los responsables y acusados.

Los mismos jueces podrán, eventualmente, abrir los archivos ya ubicados pero que el gobierno mantiene en secreto, facilitando, con esa reserva, que algunas “fuentes confiables” diseminen informaciones parciales de esos archivos, escogidas con el único objetivo de afectar a miembros del actual gobierno mediante operativos de inteligencia.

Finalmente: si el objetivo del gobierno es la “reconciliación”, entonces el camino es doblemente equivocado. Para demostrar la convicción extendida de que un “punto final”, cuando todavía la verdad está en pañales, no logra ninguna reconciliación, ahí están las afirmaciones de Luisa Cuesta, una de las referentes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos: “El ‘nunca más’ va a estar cuando sepamos toda la verdad y haya justicia. De ninguna manera nos pueden pedir reconciliación de los militares con el pueblo uruguayo cuando mienten todos los días. Y digo que las Fuerzas Armadas no dicen la verdad: yo digo que son unos mentirosos completos, desde Bertolotti hasta el último de los militares”. Y terminó: “La reconciliación no se decreta”.

Contra Argentina y Brasil a la vez: ¿Torpeza o estrategia?

Con Danilo Astori piloteando la política internacional del país, Uruguay marcha hacia la ruptura con el Mercosur. Esa es la percepción de la mayoría de los grupos del Frente Amplio, que se preparan a resistir la embestida.

El episodio hasta ahora no ha sido divulgado. Según supo BRECHA de diversas fuentes, la postergación de la visita del presidente de Brasil a Uruguay se debió a una decisión de... Uruguay. El gobierno nacional rechazó, por “problemas de agenda”, la oferta de Brasil de adelantar la visita de Lula a Montevideo para el viernes 8. El mandatario brasileño hubiera llegado al país en la mañana de ese día, almorzado con su par Tabaré Vázquez y luego ambos hubieran partido juntos hacia la cumbre sudamericana de Cochabamba a bordo del avión presidencial norteño. Uruguay dijo no porque ese mismo día Vázquez debía inaugurar el Instituto Pasteur de Montevideo. Pero hete aquí que quien sí llegó ese viernes 8 a la capital uruguaya fue el presidente de Venezuela, y con él se fue Vázquez hacia Bolivia. Antes habían almorzado juntos y el uruguayo había inaugurado el Pasteur. Brasil anunciaría luego que Lula no vendría a Montevideo en la fecha inicialmente prevista, el lunes 18, y los gobernantes uruguayos mostrarían entonces su malestar. Pero...

Dirigentes de diversas fuerzas de izquierda consultados por BRECHA opinaron que ese episodio, de por sí infeliz, lo es más aun teniendo en cuenta el actual estado del Mercosur y los reiterados pedidos uruguayos a Brasil no sólo para que intervenga en el conflicto con Argentina sino para mejorar el funcionamiento del bloque. Y agregaron que se refuerza la sensación de que el gobierno progresista está dándole cada vez más la espalda a la integración regional.

BICEFALIA. Desde la llegada del Frente Amplio al gobierno coexisten en el Ejecutivo, alternando en el predominio, dos líneas de política internacional. Una de ellas, liderada por el ministro de Economía Danilo Astori y su grupo Asamblea Uruguay y respaldada en los hechos por Alianza Progresista y el Nuevo Espacio, tiene como fuente de inspiración el modelo chileno de apertura de la economía y apunta a un formato de inserción mundial alejado de la formación de bloques regionales o continentales. En el horizonte de esta estrategia –que encuentra impulso en los problemas que enfrenta el Mercosur, en parte por responsabilidad de sus socios mayores– está la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

La segunda línea, sin desconocer las dificultades del pacto regional, busca reformularlo, entendiendo que el Mercosur debe ser la plataforma de inserción internacional de Uruguay. De esta otra opción participan varios ministros (entre ellos el canciller Reinaldo Gargano) y la mayoría del MPP, y del ps, la 1001, la Vertiente Artiguista, el 26 de Marzo, el pvp y la ci.
La característica oscilación en el predominio de una u otra tendencia tuvo un giro dramático en las últimas semanas. El planteo de Astori en la reunión de la Cepal en Chile y su intervención en la reu-nión del Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur en Brasil la pasada semana parecieron indicar que la balanza se ha volcado hacia su lado. El ministro de Economía ofició como la voz del presidente y cuestionó el funcionamiento del pacto, reclamando que se le permitiera a Uruguay hacer acuerdos extrazona (léase TLC) como forma de resolver las asimetrías del bloque. En una entrevista con El País (domingo 17), Astori se reiteró partidario de “acuerdos fuera de la región con preferencias arancelarias”. “Nosotros no nos vamos a bajar de esta propuesta. Así que convocamos a todos a buscar una salida que la contemple. No estoy anunciando el próximo paso.” Y dejando planteada la posibilidad de una suerte de alejamiento si no se contemplan las demandas, concluyó: “Seguramente en un proceso de este tipo se dan pasos. Yo no sé cuáles son los futuros pasos”.

Las versiones de lo ocurrido en el CMC señalan que el planteo de Astori alcanzó un tono lindante con la ruptura, que no sólo provocó el malestar de los socios mayores del Mercosur –la ministra de Economía argentina Felisa Miceli instó a Uruguay a que “se defina de una vez”–, sino que tuvo su repercusión en el Frente Amplio.

El senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio se manifestó contrario a la insistencia con que “algunos jerarcas” cargan contra el Mercosur. “Nada dicen de las ventajas que ha permitido el pacto para la colocación de los productos con mayor incorporación de tecnología y valor agregado. Se hace público lo negativo, lo que es altamente sospechoso por los intereses que están en juego”, declaró Rubio a BRECHA. E insistió: se machaca con que el comercio con la región es deficitario, pero en el inventario del intercambio sólo se habla del rubro bienes y nada de servicios como el turismo. “Si cuando se denunció que por los cortes de los puentes Uruguay perdió 450 millones de dólares por los perjuicios ocasionados al turismo, ¿por qué no se incluye el ingreso por ese rubro cuando se analiza el intercambio con la región?”, se preguntó el senador.

Por otro lado, destacó avances en el funcionamiento del pacto regional, como las propuestas de Brasil para acelerar el cronograma de eliminación del doble cobro del arancel externo común y para bajar las exigencias en materia de origen. “Esto es vital para Uruguay, porque podrán considerarse como productos de ‘origen Mercosur’ aquellos que tengan un 30 por ciento de mano de obra nacional, cuando hoy se exige el 60. Como Uruguay no tiene integración vertical, necesita mucho insumo y componente importado para agregarle valor acá, y decisiones como ésta son esenciales.”

Por su parte, el diputado socialista Roberto Conde destacó la ausencia de una estrategia del gobierno uruguayo para resolver, manteniéndose plenamente en el Mercosur, las asimetrías que se denuncian. “Uruguay tiene razón en lo que reclama de sus socios, pero ese reclamo de por sí no constituye una estrategia. Uruguay tiene el espacio para una estrategia propia dentro del Mercosur: hacerse reconocer como economía pequeña y elaborar un estatuto de trato preferencial, que consiste en una política sistemática de reducción de asimetrías y de un espacio priorizado para la radicación de inversiones y desarrollo de procesos económicos”, señaló Conde. Para lograr que las economías mayores le reconozcan ese estatuto y lograr un modus operandi con Brasil en esta materia, el diputado socialista advirtió que se debe “partir de una reafirmación de los fundamentos de la integración y no posicionarse como lo está haciendo Uruguay, poniendo permanentemente en duda el valor de la integración y su propia permanencia en el pacto. El país pagará un precio muy elevado si persiste en ese gigantesco error estratégico. En el gobierno, en el Frente Amplio y entre los parlamentarios, deberíamos discutir la estrategia de integración para los próximos diez años, porque por esta vía se nos está llevando a un callejón sin salida”.

Consultado por BRECHA, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti discrepó radicalmente con los señalamientos de Rubio y Conde. Las medidas positivas adoptadas por el Mercosur citadas por el senador vertientista apenas sirven para compensar con “algunas cositas” la situación crítica que se vive en el pacto, dijo. El principal problema con el Mercosur es que no ha servido como plataforma de inserción en el mundo porque Brasil no tiene interés en acuerdos como el hoy estancado con la Unión Europea. Y también porque el socio mayor ha jugado al bilateralismo con Argentina, en desmedro de Uruguay y Paraguay, opinó Asti.

EMBARRANDO LA CANCHA. A Rubio la utilización del diferendo con Argentina para golpear sobre el Mercosur le parece particularmente inapropiada. “No hay que entreverar el conflicto coyuntural y dramático con Argentina por la planta de celulosa con los problemas que tiene todo proceso de integración. Esa lógica aparece en el conjunto de declaraciones que hacen distintos actores desde el lado uruguayo, fundamentalmente desde el mef. Podemos entrar en un circuito de retroalimentación perversa por el cual la insistencia dramática y legítima contra el corte de los puentes sirva para abonar el terreno de las críticas al funcionamiento del Mercosur como proceso de integración y termine de manera inadecuada en una situación de ruptura o algo parecido. Da la impresión de que esa lógica le es funcional a la derecha uruguaya. Y no sólo a ella. Nosotros no compartimos un formato de integración a la chilena, como se impulsa desde Economía”, subrayó Rubio.

La percepción de que en el gobierno se está apuntando a cambiar el estatuto de Uruguay en el Mercosur, para llevarlo, al igual que Chile, a la condición de miembro asociado, se ha visto alimentada por otro hecho. A fines de enero se firmará con Estados Unidos un tifa con el formato que la nación del norte concretó con Tailandia y Bahrein. Este acuerdo terminó en un TLC. El contenido de ese acuerdo no lo conocen ni siquiera la mayoría de los ministros. Y menos aun en el Frente Amplio.

El senador comunista Eduardo Lorier comentó a BRECHA su preocupación de que se trabaje en esa dirección cuando no hay funcionamiento de la coalición (la Mesa Política levantará su receso veraniego el 22 de enero). Por eso su sector planteó la concurrencia de Gargano y Astori a la dirección frenteamplista, con la idea de recibir información y que se ponga sobre la mesa la discusión de toda la política internacional del país y que nada se resuelva al respecto hasta que la misma sea consensuada. De la misma opinión es el MPP, según señaló a BRECHA la diputada Ivonne Passada. Todo debe ser discutido en el Frente, dijo.

Comunistas y emepepistas coinciden en que actualmente es Economía la que determina la política internacional del país, sin que el gobierno (con excepción del presidente) tenga participación en el asunto.

Irán hace el enroque

Las piezas están en juego. Algunos ven la más reciente movida de Irán (utilizar el euro como divisa principal en lugar del dólar) como el camino hacia una posición de jaque a Estados Unidos. Para otros se trata de un enroque defensivo. Lo cierto es que en el tablero de Oriente Medio el potencial de los dos jugadores se equilibra. El editor jefe de la bbc para temas internacionales, John Simpson, lo dijo con todas las letras: Irán es una potencia regional.

No hay acuerdo sobre cuál puede ser el efecto de que Irán abandone el dólar y desde 2007 pase sus cuentas –y transacciones petroleras– al euro. La mayor parte de los analistas de mercado niegan que sea una medida inesperada, sino que sería el anunciado desenlace de un proceso de tres años. Opinan que más que un arma contra Estados Unidos se trata de una jugada pensada para atenuar los efectos de las sanciones económicas que, eventualmente, podrían sobrevenir como castigo a la continuación de su plan nuclear. Esa mesura de los primeros análisis no evitó que los opositores más entusiastas al rol que viene jugando Estados Unidos en Oriente Medio (Al Jazeera, por ejemplo) hayan pronosticado, por el contrario, el inicio del fin de la hegemonía estadounidense. Perdido el consenso político, ahora tampoco contarían con el consenso del dólar, aseguran. En una posición más cauta, académicos consultados por The Wall Street Journal indican que el problema podría ser verdaderamente preocupante si a Irán se le suma una decisión similar de otros actores importantes. El miedo mayor, por supuesto, apunta hacia China.

EL PÉNDULO. En julio de este año, Le Monde Diplomatique hablaba de “la intención de Irán de exigir el pago de las exportaciones de petróleo y gas en moneda europea, después de haber convertido ya a euros la mayor parte de las reservas de divisas, dado que Teherán sabe que en este momento el dólar es el talón de Aquiles de Estados Unidos”.

Relacionado o no con esta “amenaza” de la europeización de las divisas, el tema del acercamiento con Teherán ha estado en la primera página de la agenda estadounidense. Recuérdese, por ejemplo, el Informe Baker, en el que una comisión bipartidista recomendó al presidente George W Bush involucrar a Irán y Siria para lograr una salida a la crisis iraquí.

Si se toma en cuenta que los anuncios públicos se realizan midiendo los tiempos políticos, es probable establecer una sucesión de hechos que se produjeron en diciembre, durante los cuales Estados Unidos estuvo cerca de Irán, pero sólo para comenzar a alejarse de nuevo. La primera reacción de Bush al Informe Baker fue aceptar que lo tomaría en cuenta para definir una nueva política hacia Irak “antes de Navidad”. A mediados de mes, el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, dijo que “si Estados Unidos sigue una estrategia correcta y protege al gobierno, al parlamento, a la Constitución, a la unidad y la integridad territorial de Irak, entonces sí podrán contar con la colaboración de Irán”. Un día después se conocía la derrota del sector del presidente iraní en las elecciones a la Asamblea de Expertos (véase recuadro) y parecía que la correlación de fuerzas en cada uno de los países (con el parlamento estadounidense en manos demócratas) apuntaba a fortalecer el diálogo. Pero el espíritu navideño duró poco. El 18 de diciembre Irán cambió su divisa oficial del dólar al euro. Un día más tarde, Bush confirmó que estudia aumentar el número de tropas en Irak y pasó para comienzos de 2007 el anuncio de un nuevo enfoque sobre su política hacia ese país. Su principal aliado, el primer ministro británico, Tony Blair, llamó a los regímenes musulmanes “moderados” a formar una alianza para disminuir la influencia de Irán.

EL ESPEJO IRAQUÍ. Pero el péndulo no puede alejarse demasiado. Ya en diciembre de 2004 el Atlantic Monthly citaba a Sam Gardiner, responsable de simulaciones de combate durante dos décadas en la Escuela Nacional de Guerra, quien resumía su experiencia dejando “dos simples frases para los decisores políticos: no disponen de una solución militar para los asuntos de Irán, y tienen que trabajar con la diplomacia”. Palabras en saco roto. A principios de 2005 The New Yorker publicó un informe basado en entrevistas con fuentes de inteligencia, las que aseguraban “repetidamente” que el próximo blanco estratégico sería Irán.

William Clark, autor del libro La lucha de los petrodólares: petróleo, Irak y el futuro del dólar, ya aseguraba en agosto del año pasado que “ahora es obvio que la invasión a Irak tenía menos que ver con las amenazas del programa de armas de destrucción masiva de Saddam, y ciertamente menos que ver todavía con la lucha contra el terrorismo internacional, que con la intención de ganar control estratégico sobre las reservas iraquíes de hidrocarburos y mantener el monopolio del dólar como divisa del crítico mercado internacional del petróleo”.

EXPECTATIVA SOBRE CHINA. Menzie D Chinn, doctorado en Berkeley, ex asesor presidencial y actual profesor de economía y políticas públicas en la Universidad de Wisconsin, fue consultado por The Wall Street Journal sobre la situación del dólar. “Claramente China no tiene interés en ver al dólar declinar rápidamente”, dijo. Lo que en su opinión explica “en parte” por qué el Banco Central de China “está manejando de un modo tan estricto el tema de la apreciación del yuan contra el dólar”. Pero incluso si el Banco Central de China y otros poseedores de grandes reservas de dólares no quieren que el dólar se deprecie rápidamente, añadió, ellos tampoco quieren ser los últimos en pasar por la puerta: “Por eso es que veo el equilibrio actual balancearse en el filo de la navaja”. Consideró que “cualquier declinar en el dólar puede ser suficiente para impulsar a algunos bancos centrales a intentar diversificar sus existencias”. Y reconoció que “la gran pregunta es cómo responderá China una vez que comience el declive del dólar”.
“Mientras yo solía estar muy preo-cupado por China –dijo– ahora estoy muy preocupado acerca de China y los países exportadores de petróleo”.

Expectativa. Ésa es la reacción general de los analistas ante la petroeuros iraníes. También es posible que todo sea parte de un largo plan de tres décadas. Por al menos 30 años, asegura John Simpson en un análisis difundido por la bbc, Occidente se ha concentrado en el fundamentalismo religioso de la República Islámica de Irán, “pero hemos olvidado que la revolución de Khomeini (1979) fue también una declaración de independencia del control británico y americano”.

Moderadamente conservadores

La República Islámica de Irán es un régimen que, dentro de sus peculiaridades, funciona respetando el dictado de las urnas. Fueron los votos los que detuvieron las reformas del ex presidente Seyyed Mamad Khatami, y ahora son los votos los que prenden la luz de alerta sobre la popularidad del actual mandatario, el polémico Mahmud Ahmadinejad. Aunque no se elegía presidente ni parlamento, estas elecciones de autoridades locales y de la Asamblea de Expertos mostraron un avance de los conservadores moderados, liderados por Akbar Hachemi Rafsanjani, también ex presidente. Precisamente Rafsanjani fue el candidato que hace un año y medio perdió la pulseada por la presidencia con Ahmadinejad.

El equilibrio del sistema iraní se basa en una serie de instituciones electivas y otras no electivas, habiendo diversas restricciones para quienes pueden postular a cada una. En el caso de la Asamblea de Expertos, ahora en poder de los conservadores moderados, tiene el rol de nombrar al líder espiritual del país (heredero del ayatolá Khomeini) y “controlar” su actuación. Algo casi tan dudoso como su hipotética potestad de destituir al ayatolá máximo. Se reúne sólo dos veces al año y está compuesta solamente por clérigos, los que a su vez pueden ser vetados en el momento de su candidatura por el Consejo de los Guardianes (verdadero brazo ejecutor del poder del líder espiritual).

Venezuela

El presidente Hugo Chávez ganó, otra vez, las elecciones nacionales en Venezuela con amplia ventaja. El candidato opositor reconoció la derrota, algo que no era tan obvio como parece. Aunque no existe en el mundo un proceso electoral más auditado y reauditado que el venezolano, los medios de comunicación privados siguen con la cantinela del fraude.

Chávez no se va. Así lo decidieron los siete millones de venezolanos que lo volvieron a votar tras una gestión que lleva ya ocho años. Cuando se había contado el 80 por ciento de los votos se dio el resultado provisorio pero irreversible: Hugo Chávez 61,8, Manuel Rosales 38,9.

Estos resultados se comprenden mejor si se tiene en cuenta que cada vez que el gobierno bolivariano se sometió a votación resultó triunfante por un margen mayor de votos. En 1998 Chávez ganó por un margen de 800 mil votos, con el 55 por ciento de los sufragios. En 2000 obtuvo el 58 por ciento, en 2004 –en ocasión del referendo revocatorio– el 59 por ciento y este domingo superó el 61 por ciento.

El candidato opositor reconoció los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y al hacerlo se apartó ipso facto de quienes, dentro de sus propias filas, hacían encendidos llamados a salir a las calles a “cobrar” un fraude en el que sólo ellos parecían creer.

Todas las misiones de observadores presentes en el país aseguraron que tanto la mecánica de la votación como los procedimientos de conteo fueron transparentes. Lo que es indudable es que las elecciones venezolanas son, desde hace varios años, las más observadas y las que mayores garantías ofrecen: las máquinas electrónicas emiten un comprobante de voto –cosa que no hacen las máquinas usadas en otros países, entre ellos Estados Unidos– y el porcentaje de urnas auditadas alcanza al 54,3 por ciento cuando, en los pocos países donde hay auditorías, ese porcentaje se sitúa entre el 2 y el 4 por ciento.

Como esta respuesta unánime de los observadores contradecía el principal argumento de la oposición –“habrá fraude”–, incluyeron en el campo enemigo también a los observadores. La columna “Artillería de oficio”, del diario El Nacional (29-XI-06), consideraba la presencia extranjera como una plaga de “adoradores del buen salvaje que se trasladan a los escenarios de conflicto para apoyar caudillos redencionistas y salvadores de pobres”. Y, menos académico, el columnista del diario El Nuevo País (30-XI-06) la emprendía contra el secretario general de la oea, José Miguel Insulza: “Por todo ello, a nombre propio y sin que me quede nada por dentro, es que para mí Insulza no es más que un magnífico soberano secretario general de la concha ’e su madre… Él hace toda una apología del chavismo. (…) Sin darse cuenta de que acá se vive en un régimen totalitario, tortuoso, que con sus disfraces democráticos hace caer a pobres imbéciles como Insulza”.

No parece necesario aclarar que abundan en la prensa venezolana este tipo de mensajes, en los que se acusa al presidente –y a otros miembros del gobierno– de corrupto, dictador, mentiroso, comunista, sin que el gobierno tome ninguna medida restrictiva.

Esa prédica no cesó con el comunicado oficial de resultados.
No obstante, el domingo 3 los ganadores de las elecciones festejaron, bajo una lluvia torrencial, su indiscutible victoria, mientras desde el balcón Chávez agradecía a la multitud: “¡Me rindo a los pies del pueblo venezolano! Rindo mi amor, mi admiración y mi humildad al pueblo inmenso de Venezuela”.

EL PROYECTO.

Estas elecciones arrojan un dato contundente: más del 60 por ciento de los venezolanos votó por un proyecto socialista bolivariano. Es una definición explícita, figura en los documentos y está en los discursos y la comunicación cotidiana del gobierno. “Hoy comienza una nueva era dentro del proceso nacional de desarrollo bolivariano. Podemos definirla de muchas maneras, pero podemos definirla en cuatro líneas: tendrá como idea fuerza central, como línea estratégica y fundamental, la profundización, la ampliación y la expansión de la revolución bolivariana, de la democracia revolucionaria, de la vía venezolana hacia el socialismo.”

Chávez trajo otra vez estas palabras al ruedo.

Entre los visitantes, observadores, amigos, enemigos, hay muchos directores técnicos y todos parecen saber si esto es socialismo o no. Saben también si es populismo y hasta si es populismo de izquierda o de derecha. Pero Chávez les complica cada una de las afirmaciones. Dijo en su discurso de aclamación: “Igualdad, ésa es la consigna. Libertad. Justicia. Ésa es la nueva época que hoy empieza. Que nadie le tenga miedo al socialismo. El socialismo nuestro es un socialismo indígena, cristiano y bolivariano”.

Aunque la oposición toma cada una de estas palabras como bandera negativa para tratar de mantener unidas a sus tropas, tras el discurso de reconocimiento de la derrota por parte de Rosales aparecieron las primeras grietas, y el rumor de que Rosales se había vendido al chavismo empezó a circular.

Ardua tarea le espera a la oposición para mantenerse unida y activa. Pero su desarticulación no conviene a nadie, ni a los propios ni a los ajenos. Al finalizar su próximo mandato Chávez habrá cumplido 14 años en el gobierno, siendo el candidato más votado en la historia del país y el de más extenso ejercicio de gobierno.

Son muchas las preguntas que se plantean ante este panorama. El fenómeno electoral venezolano, cuando da como resultado la reafirmación creciente de una propuesta como la bolivariana, de amplio respaldo popular, económico y militar, está dando qué hacer a los estrategas de la Casa Blanca.

La empresa Laurel Venezolana hizo circular entre sus empleados un documento en el que analizaba los posibles escenarios electorales y hacía recomendaciones. Según el análisis, había en este país un 60 por ciento de posibilidades de que ocurrieran alteraciones del orden público; un 30 por ciento de que hubiera elecciones pacíficas y un 10 por ciento de que se suspendieran las elecciones (porcentaje que la empresa no sumaba a las alteraciones del orden público). Y luego recomendaba: su empresa no debe idenficarse con ninguna preferencia política; considere colocar a un gerente encargado de mantener contacto con Laurel y manejar el plan de seguridad en caso de ser necesario; active el sistema de seguridad de su compañía y asegúrese de tener un sistema de radio de reserva para que los guardias controlen las áreas aledañas, y otras recomendaciones por el estilo. Luego presenta recomendaciones a los empleados y una guía de abastecimiento del hogar ante desórdenes públicos, en la que incluye lo necesario para sobrevivir aislados durante siete días.

Este tipo de acciones fueron y son comunes en Venezuela. Lo mismo hizo la embajada de Estados Unidos con sus ciudadanos en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, cada vez que hubo elecciones con candidatos “populistas radicales de izquierda”.

Surten efecto en el segmento de la sociedad que no tiene contacto directo con los sectores populares a los que temen más que a la peste y que se informa exclusivamente por los medios antigubernamentales (la enorme mayoría) y por este tipo de comunicados exclusivos.

Dado que lo que se juega en Venezuela es demasiado importante como para imaginarse la pasividad de los centros mundiales de poder, y dado que además se juega en un escenario latinoamericano más afín a los cambios que a la conservación, importa conocer el nuevo modo operativo con que estos centros “atienden” fenómenos como el chavismo.

Guardia militar en Botnia

Por alguna extraña razón, el decreto anterior, que era igual o peor que el nuevo, pasó inadvertido. Quizás porque no se suele asimilar a la Prefectura Naval con las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que el misterio continúa: ¿por qué un gobierno de izquierda encomienda a los militares la custodia de una empresa privada, medida que no sólo es inconveniente sino además innecesaria?

La noticia de que el Ejército tomaría a su cargo la custodia perimetral de Botnia la dio a conocer Últimas Noticias el 29 de noviembre. La decisión había sido adoptada seis días antes, el jueves 23, en una reunión en la que participaron el presidente Tabaré Vázquez, los ministros Azucena Berrutti (Defensa), José Díaz (Interior) y Eduardo Bonomi (Trabajo). Pero fue un mes y medio antes, el 2 de octubre, que el Poder Ejecutivo habilitó por decreto la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia del predio de unas 550 hectáreas de la empresa finlandesa. Ese primer decreto, que además de la firma del presidente lleva las de la ministra Berrutti y el titular de Economía Danilo Astori –no la de Díaz, que estaba de licencia, ni la del subsecretario del Interior Juan Faroppa, que no fue convocado a la reunión pese a que se le quitaban cometidos a esa cartera–, no tenía sustento en la legislación vigente, porque encomendaba a la Prefectura Naval, dependiente de la Armada, la función policial en todo el predio de Botnia, incluyendo la costa, el río, el perímetro y todo el terreno donde se están construyendo sus instalaciones. Transcurrieron varias semanas hasta que el Ministerio del Interior tomó conocimiento de ese decreto. Advirtió entonces que se habían asignado a la Prefectura atribuciones que iban más allá de las que le asigna la ley, según la cual sólo puede actuar en el mar territorial, los cursos de agua, los lagos y, en tierra firme, a no más de 150 metros de la costa.

HISTORIA RECIENTE.

El Ministerio del Interior solicitó la opinión del constitucionalista José Aníbal Cagnoni, quien el 11 de noviembre informó que corresponde al Ministerio de Defensa, por medio de la Armada, “la conservación, prevención y, en su caso, restauración de sus valores en cuanto refiera al ámbito fluvial (...) así como la línea de costa hasta 150 metros”, pero que “la zona ajena a esa delimitación de territorio corresponde al Ministerio del Interior”. Agregó Cagnoni que para “garantizar la integridad territorial de la República y prevenir una eventual amenaza exterior” –como se señala en el resultando VII del mencionado decreto–, “la previsión normativa” autoriza a que “la prevención del orden, seguridad y tranquilidad se confíe (...) al Ministerio del Interior con la cooperación del de Defensa”. Establece, eso sí, una exigencia: deben “preverse, en el propio decreto, cuáles medidas implicaren en el caso concreto esa cooperación”. Esta condición no se cumplía en el decreto del 2 de octubre.

El nuevo decreto, que derogó el anterior, fue elaborado por el Ministerio del Interior y fue suscrito el lunes 4. En sus disposiciones se asigna el mantenimiento de la paz, la seguridad y el orden público –es decir, el ejercicio de la función policial– a tres reparticiones distintas: el propio Ministerio del Interior “en el espacio físico de la empresa Botnia”, la Armada –y en especial la Prefectura Naval– “en el puerto de Botnia”, y el Ejército “la vigilancia perimetral del padrón número 1569, propiedad de la empresa Botnia (...) excluyendo el acceso al mismo”. Al informar sobre el decreto, el ministro Díaz hizo especial hincapié en que la participación militar sería en carácter de colaboración con la Policía y que, por consiguiente, las decisiones serían tomadas por las autoridades de Interior. “Quien colabora, colabora”, subrayó.

La intervención de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno y de la seguridad pública está fundada jurídicamente en el decreto 574, dictado el 12 de julio de 1974, en plena dictadura, y convalidado en marzo de 1985, en ocasión de la restauración institucional. En esa norma se “establece la redistribución de las atribuciones y competencias asignadas por la legislación vigente a los distintos ministerios”. En los veinte incisos del artículo 2 se asignan las atribuciones al Ministerio del Interior. Los tres primeros incisos enumeran las siguientes competencias: “La política nacional del orden público y de la protección de los derechos humanos”; “la conservación y la restauración del orden, la seguridad y la tranquilidad en lo interior y lo que se relacione con ello en materias atribuidas a otros ministerios”; y “los servicios generales de policía del orden, la seguridad y la tranquilidad en lo interior y además los servicios de policía del fuego y del tránsito”. Más adelante, en el artículo 5, referido al Ministerio de Defensa, se señala que le corresponde, entre otras misiones, “la seguridad en lo exterior y la cooperación y restauración del orden, seguridad y tranquilidad en lo interior”, así como “los servicios de policía aérea, marítima, fluvial y lacustre”.

El nuevo decreto, que hasta el cierre de esta edición no se había puesto en aplicación, tampoco tiene en cuenta la exigencia planteada por el profesor Cagnoni en su informe: la de que, en caso de asignarse con carácter extraordinario tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas, se prevean, en el propio decreto, en qué consistirán esas medidas de cooperación con el Ministerio del Interior. Quizás esta laguna –y la posición que el fa invariablemente mantuvo, cuando no era gobierno, respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de mantenimiento de la seguridad y el orden público interno– sean la causa de que el ministro Díaz y el subsecretario Faroppa hayan mostrado, en sus apariciones públicas, la solvencia profesional que los caracteriza y la disciplina que obliga a los miembros del gabinete, pero no una entusiasta convicción con la causa que estaban defendiendo, y dejaran sin responder varias preguntas realmente elementales. Por ejemplo, Díaz, en la conferencia de prensa del lunes 4, dijo que estaba sujeto a la coordinación entre las autoridades policiales y las del Ejército, entre otras cosas, el comportamiento que deberán seguir los militares ubicados en las casetas “para impedir el ingreso o egreso (al predio) de cualquier persona”; qué tipo de armas usará la custodia perimetral y si se emplearán balas de goma, ya que el objetivo es la disuasión, o de plomo; cuántos efectivos militares participarán y quién se hará cargo del desplazamiento de los mismos y de su alimentación.

Por su parte Faroppa, entrevistado el martes 5 en la radio El Espectador, reconoció que el fa ha señalado reiteradamente en sus definiciones programáticas que las Fuerzas Armadas no deberían cumplir tareas que tengan que ver con el orden interno. Ni Díaz ni Faroppa dieron respuestas contundentes cuando se les preguntó por qué la custodia perimetral de Botnia no se confiaba, por ejemplo, a organismos especializados de la Policia, como el Cuerpo de Coraceros. Dijo el subsecretario: “Se entendió que por el tipo de actividad que debe realizarse en un predio rural extremadamente extenso, donde no hay relación con persona alguna, un campo con monte criollo con una vegetación muy tupida, no parecía conveniente usar los recursos que la Policía tiene”.

Si, como llegó a afirmar el ministro, en el caso de que una persona pretenda ingresar al predio de Botnia “en principio (los efectivos militares) van a tener que dar aviso a la Policía”, no se comprende por qué no se optó por colocar cámaras de televisión a lo largo del alambrado perimetral y destinar una persona –ya sea un funcionario policial, un guardia privado de seguridad o cualquier civil– a mirar los correspondientes monitores, cómodamente sentado en una oficina de la propia empresa, junto a un teléfondo desde el cual, llegado el caso, avisar a la Policía.

Desde el comienzo de la construcción hasta ahora, toda la vigilancia en Botnia se ha cubierto, según información oficial, con 44 funcionarios policiales de Río Negro, quienes han cumplido sus tareas en tres turnos. Su actuación ha contado con la conformidad expresa de la empresa y también de la filial local del sindicato de la construcción.

Más allá del contexto en el cual se dictó, no hay duda de que el decreto de 1974 forma parte de la legalidad vigente. Su contenido, en cambio, contradice la otra biblia que el presidente Vázquez suele invocar: el programa del fa. En los “Grandes Lineamientos para el Gobierno del fa”, aprobados en el Congreso de 2003, se reserva para la Policía al rol de mantener de la seguridad interna y el orden público, y sólo prevé la intervención de las Fuerzas Armadas en ese ámbito con autorización del Parlamento.

LOS PORQUÉS.

Mucho se ha especulado acerca de los motivos que llevaron al Ejecutivo a tomar una medida tan drástica, y en principio impensable para un gobierno de izquierda. Se mencionaron algunas versiones, como la posibilidad de una manifestación de ambientalistas de Gualeguaychú que atravesara el puente o la famosa “abuela bomba” de la que llegó a hablar nada menos que el Washington Post. Hubo también referencias a algunos antecedentes, como el “desembarco” de Greenpeace en el muelle de Botnia –una operación exclusivamente publicitaria–, el robo de plantines en el vivero de la empresa en Paysandú y un extraño operativo contra un funcionario policial de la guardia que una noche llegó a ser desarmado e insultado por dos o tres personas que, según una versión, hablaban con acento porteño y, según otra, usaban expresiones del lugar. El presidente Vázquez habría dicho, en la última reunión del Consejo de Ministros, que seguramente iba a ser criticado por adoptar una medida de esta naturaleza, pero que no se perdonaría si llegara a pasar algo sin haber tomado ninguna previsión para disuadir acciones directas contra la empresa o alguna operación tendiente a ridiculizar al gobierno.

Más allá de su legalidad y de su contradicción con las definiciones de la izquierda, la custodia perimetral militar marcó un claro cambio de estrategia con relación a la actitud uruguaya en el conflicto con Argentina. Hasta ahora, el gobierno se había preocupado por mantener la imagen de víctima de un vecino que, haciendo ostentación de su fuerza, lo agredía y hacía todo lo posible por impedirle ejercer su soberanía. Contaba con el respaldo de tres pronunciamientos internacionales en distintas áreas: la Corte de La Haya, que en julio no hizo lugar a la pretensión argentina de interrumpir las obras de Botnia; el Banco Mundial, que en noviembre aprobó el préstamo y la garantía solicitados por la empresa finlandesa, tras descartar el invocado daño ambiental que generaría su puesta en funcionamiento; y hasta el tribunal del Mercosur, que finalmente reconoció la obligación del gobierno argentino de impedir los bloqueos de los puentes internacionales.

¿Por qué el gobierno uruguayo consideró que había llegado el momento de hacer una demostración de fuerza ante los argentinos o, aun suponiendo que ése no haya sido el objetivo, sabiendo que se interpretaría de ese modo? ¿Qué argumentos de peso pueden haber llevado a un gobierno de izquierda a encomendar a las Fuerzas Armadas, por primera vez en la historia del país, a vigilar una empresa privada? La primera hipótesis es que exista información reservada –y seria, no como la de “la abuela bomba”, por ejemplo– que haya exigido recurrir al Ejército para rechazar un eventual atentado contra las instalaciones de Botnia. Las autoridades han negado que haya información alguna en ese sentido. ¿Se trata de una consecuencia más del recelo y la disputa de competencias entre la Policía y las Fuerzas Armadas, y en especial entre sus respectivos servicios de inteligencia? Seguramente ese enfrentamiento ha tenido alguna incidencia, pero es difícil imaginar que haya sido decisivo. ¿Es un globo sonda previo a la aceptación, prevista en el proyecto de ley de defensa actualmente en discusión, de la asignación a las Fuerzas Armadas de tareas de respaldo en materia de seguridad? El subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi, admitió en estos días que ese proyecto prevé consagrar en una ley esa actividad de cooperación con la Policía hoy contenida en el decreto de 1974. ¿Acaso el gobierno uruguayo habrá recurrido al viejo truco de poner sobre la mesa de discusión un elemento nuevo al solo efecto de tener algo que conceder a la hora de transar, o para tensar la cuerda y acelerar así los trámites de la mediación en curso? El periodista Joaquín Morales Solá –esa suerte de defensor oficioso de la causa uruguaya en Argentina– parece inclinarse por esta última interpretación: “Sólo la estrategia de forzar el dramatismo de las cosas, para apurar la gestión española, puede explicar que Tabaré Vázquez haya echado mano de entrada a los militares, aunque sólo se trate, como se trata, de doce militares. Si fue así, hay que reconocer que el mandatario uruguayo consiguió su propósito, porque el enviado real apuró su viaje al Sur. Lo cierto es que al mismo tiempo lo puso a Kirchner en un brete: el presidente argentino no tiene ningún margen para usar a los militares en este conflicto”, escribió el domingo 3 en La Nación.

En Uruguay, en tanto, la participación militar en la custodia perimetral de Botnia no dio lugar a objeciones públicas por parte de dirigentes de primera línea del fa, donde si bien hubo algunos respaldos, sobre todo de dirigentes medios, predominó un discreto silencio. Los principales líderes de la oposición, con excepción de Luis Alberto Lacalle, apoyaron la decisión. El ex presidente blanco, ya desde el jueves 30, sostuvo que la medida no tenía sustento legal y que, además, se trataba de un “error político” en la estrategia que se venía aplicando en el conflicto con Argentina.

Y en eso llegó el facilitador

• la gestión. La semana de Juan Antonio Yáñez Barnuevo, designado por el rey Juan Carlos de Borbón para el diálogo entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, transcurrió a bordo de aviones que subían y bajaban en Carrasco y Aeroparque. Durante dos jornadas mantuvo reuniones en Montevideo, y a lo largo de otras dos las tuvo en Buenos Aires. Por el lado uruguayo se reunió sobre todo con José Luis Cancela, el número tres de la cancillería, con el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, y con el propio presidente Tabaré Vázquez, a quien no había conocido en su viaje anterior. De lo conversado en estas idas y vueltas no hubo, como era previsible, noticia alguna. Tampoco está claro qué podría ceder cada uno de los gobiernos. Apenas se conocieron “sensaciones térmicas” de algunos de sus interlocutores. Alberto Fernández, secretario del gabinete de Kirchner, fue quien mostró el mayor optimismo, pero eso suele ser parte del juego: en estos casos a nadie le conviene dar la impresión de que le está yendo mal. Las audiencias en la Corte de La Haya pedidas por Uruguay en reclamo del levantamiento de los cortes de ruta, previstas para el lunes 18 y martes 19, se han convertido en una especie de plazo para esta gestión: Argentina aspiraba, según algunas versiones, a que el gobierno de Vázquez, como parte de la flexibilización de su actitud, pidiera la cancelación de su demanda ante la Corte.

• ENCE. En medio de este panorama de indefiniciones en torno a la facilitación española, se anunció la visita inminente a Uruguay de Juan Luis Arregui, el presidente de Ence, de quien no hubo más noticias desde que anunció en setiembre que su empresa no construiría la planta en Fray Bentos y que buscaría otro lugar en territorio uruguayo para instalarla. Si bien se postergó por unos días la fecha prevista para su retorno, trascendió la noticia de que la planta de celulosa se construiría en el departamento de Colonia, donde la empresa española habría comprado tierras no adecuadas para la forestación por valor de cuatro millones de dólares. Si bien alguna versión sostenía ayer, jueves, que sería en las inmediaciones de Nuelva Helvecia, otras aseguraban que se ubicaría más al norte y sobre el río Uruguay, concretamente en las proximidades de Nueva Palmira.

• METALÚRGICOS EN ESTADO DE ALERTA. Dos motivos de preocupación tiene la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (untmra) con respecto a las condiciones laborales en Botnia. Consultado por BRECHA, el dirigente Marcelo Abdala dijo que, por un lado, hay actualmente negociaciones con la empresa y las subcontratistas porque no se ha firmado un convenio específico para el montaje industrial y, en consecuencia, se está pagando a los trabajadores metalúrgicos en base a las categorías establecidas para los de la construcción.

El otro motivo de alerta del sindicato metalúrgico es el incumplimiento, por parte de Botnia, del acuerdo interinstitucional firmado por la empersa, el sindicato y varios ministerios, la Utu y otras reparticiones públicas el 17 de octubre de 2005. Por medio de ese convenio se acordó capacitar a trabajadores del sector a fin de que llegaran a los niveles requeridos para desempeñar determinado tipo de tareas de alta especialización. Sin embargo, la empresa no cumplió su compromiso y actualmente hay, sólo en Montevideo, unos 400 metalúrgicos que esperan ser capacitados. En cambio se han traído trabajadores del exterior –hoy son alrededor de 600, pero se estima que llegarán a un millar–, que reciben salarios que no son excelentes y que tienen malas condiciones en materia de seguridad laboral. Según dijo Abdala, la decisión de traer mano de obra extranjera en lugar de capacitar a trabajadores uruguayos, e incluso la de contratar fuera del país a muchos trabajadores sin especializaciones, como peones y pintores, fue tomada por Botnia en Finlandia. El dirigente metalúrgico señaló que hasta ahora las autoridades uruguayas no han exigido a la empresa el cumplimiento del convenio ni tampoco han reclamado que haya contrapartidas en materia laboral por las condiciones extremadamente favorables en que se permitió su instalación en el país.

El domingo Venezuela elige o reelige presidente. Todos llaman a votar y aseguran confiar en la transparencia de las elecciones. El problema es que tanto los chavistas como los opositores están seguros de ganar, aunque todas las encuestas auguran un triunfo de Chávez con una ventaja del orden de los 20 puntos.

Si no fuera peligroso sería divertido. Los chavistas están convencidos de que van a ganar por paliza. Y la oposición también. Sin embargo, la confianza de los primeros está sustentada en la experiencia directa, en el contacto con las numerosas barriadas populares, que aun cuando reconozcan fallas en el gobierno se las atribuyen a cualquiera menos a Chávez. La confianza de los segundos está basada otra vez, como en el referendo revocatorio de 2004, en el efecto burbuja tan frecuente en sectores que no conocen otra realidad que la que fabrican sus medios de comunicación y que no se aventuran en los espacios públicos.

Como ya es habitual en los procesos electorales latinoamericanos, el clima de guerra electoral que predomina en los meses previos al cierre de campaña se atenúa en la última semana. Se silencian los llamados a la abstención y la prédica de desconfianza hacia la legitimidad del acto electivo. En Venezuela todos los medios y todos los partidos o grupos llaman a votar y se manifiestan confiados en la limpieza del escrutinio. Hasta las famosas máquinas captahuellas (sistema de identificación del votante por sus huellas digitales), demonizadas durante y después del revocatorio, se han vuelto de pronto seguras e inocentes.

DESDE 2002. No por dejar de lado la dificilísima tarea de definir a Hugo Chávez se resuelve el problema. Aun aquellos que ya lo plantaron en el renglón de los socialistas del siglo XXI, o en el de los peores populistas, siguen sin explicarse la compleja dialéctica entre el proyecto de cambio que este gobierno puso en marcha, los resultados –magros en algunos rubros, brillantes en otros–, la debilidad de cualquier otro proyecto alternativo y las reglas de juego internacional. Entre esos hilos está Chávez, ganador de por lo menos tres grandes batallas políticas en su país y unas cuantas jugadas audaces en la región.

En abril de 2002 hubo un efímero golpe de Estado. Los rebeldes no lograron dividir al ejército ni estaban preparados para enfrentar la reacción popular que reclamó la vuelta del presidente Chávez.
Todavía choqueado por ese conato, el gobierno bolivariano tuvo que enfrentar el paro petrolero que se largó ese mismo año. Durante meses se paralizó al país provocando desabastecimiento de combustible y penuria en la población. El gobierno evitó la represión violenta. Pero hubo miles de despidos y una vuelta de tuerca en el control del Estado sobre esa industria.

En agosto de 2004, a mitad de su mandato, tal como manda la nueva Constitución de la República, se dio andamiento al referendo revocatorio (véase BRECHA, 27-VIII-04). Esa cláusula constitucional, única en el continente, es una forma de democracia radical que permite a los electores evaluar la gestión de su representante: “te pusimos allí para que cumplieras; si no lo has hecho te quitamos”.

Chávez es el único presidente del mundo que se sometió a una prueba de este tipo, y resultó victorioso.

Si la oposición se mostró desarticulada y débil en el golpe de 2002, después del referendo quedó desmoralizada.

Sin embargo, a lo largo de los dos últimos años los elementos más lúcidos de esa oposición, haciendo un uso eficaz de su predominio absoluto sobre los medios privados de comunicación, volvieron a crear entre sus apáticos votantes la ilusión de una victoria electoral. Tampoco esta vez se descarta, en algunos medios, reacciones destempladas. El oficialismo ha denunciado la aparición de camisetas que llevan impresas la palabra “Fraude”, producidas masivamente en una textil local y esperando una ocasión propicia para su uso.

AZULES. El candidato Manuel Rosales tiene un mérito: logró unificar la centrífuga oposición en torno a su figura. Después de haber insistido en el fraude pasado y el fraude futuro, la oposición asumió la bandera del voto. Sin reconocer ningún valor a las misiones educativas y sanitarias organizadas por el gobierno, sin embargo dejó de atacarlas. Es más, Rosales afirma que mantendrá todo lo hecho, pero que lo va a mejorar. Y ofrece, a través de la tarjeta de débito Mi Negra, repartir dinero entre la gente.

Poco dotado para la comunicación de masas, Rosales empalidece ante el estilo carismático de Chávez. No obstante, entre sus filas cuenta con gente experimentada, como el ex guerrillero Teodoro Petkoff, actual director de un periódico antichavista. Por otra parte, el sector Súmate dio a conocer en estos días, a través de un programa televisivo, un informe de evaluación de la gestión gubernamental. El informe, de 80 páginas, es demoledor.

Empieza planteando que los ingresos fiscales provenientes del petróleo durante el período 1999-2006 (correspondiente a los gobiernos de Chávez) superaron a los ingresos recibidos durante los últimos tres períodos de gobierno juntos: el período 1984-1988, más el período 1989-1993, más el que va de 1994 a 1998 suman 91.109 millones de dólares de ingresos. El período 1999-2006 alcanza, solito, los 99.232 millones. La fuente es el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas (mf).

Esta página, con sus coloridas gráficas y cifras, se repite varias veces a lo largo del informe.

Se afirma luego que, a pesar de estas cifras, el producto bruto por habitante fue menor en este último período de mayores ingresos. Esta vez la fuente es el World Economic Outlook, del fmi.

Según el informe, a pesar de los altos ingresos por el petróleo la deuda pública se incrementó durante el período de Chávez.

A continuación Súmate plantea uno de los caballitos de batalla de la oposición: si el gobierno no hubiera optado por hacer transferencias de dinero al exterior, hubiera podido pagar la deuda pública de 1999. Y presenta una lista de favorecidos por las transferencias. Primero el Fondo contra la Pobreza en América Latina, seguido por los países beneficiarios, entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay como los que captan mayores sumas. Total transferido: 25.849 millones de dólares.

Los alarmantes datos aportados señalan que la inversión extranjera disminuyó dramáticamente entre 1997 y 2006. Que a pesar de los altos ingresos por el petróleo –otra vez– el porcentaje de pobres es casi igual a 1999. Que aumentó el déficit de viviendas respecto a ese año.

Que a pesar de que aumentó el número de inscritos en el sistema formal de enseñanza, según el Banco Mundial Venezuela es el país con mayor déficit de cobertura de educación secundaria en relación con el pbi per cápita.

Que si bien la mortalidad infantil disminuyó un 18 por ciento desde 1998, la mortalidad materna aumentó un 17 por ciento en el mismo período.
Para peor –y esta vez la fuente seleccionada por Súmate es un estudio de la alcaldía de Chacao– Venezuela es el país más violento del mundo, con un homicidio cada media hora. Pero, se lamenta el informe, a pesar de eso el gobierno invierte más en defensa que en seguridad ciudadana.
En materia económica el informe sostiene, tomando como fuente a la Heritage Foundation, que Venezuela en este trágico período retrocedió en la lista de países con mayor índice de libertad económica (que mide, entre otras cosas las cargas fiscales y la intervención del gobierno en la economía).

Todas las cifras manejadas en este trabajo de Súmate llevan a la conclusión de que la gestión de Chávez ha empujado a Venezuela hacia el abismo.

CHAVISTA NO, PERO VOTO A CHÁVEZ. En un fenómeno similar al que se dio en Brasil tras las denuncias de corrupción contra el PT, los votantes chavistas recortan al presidente del resto de su equipo de gobierno. Se quejan de varias ineficiencias, sobre todo de la política para enfrentar a la delincuencia y a la corrupción, pero consideran que Chávez no tiene la culpa. Una encuesta de Associated Press ipsos, liberada para su publicación el viernes 24, muestra que un 38 por ciento de los inscritos para votar desaprueba “fuertemente” la acción del gobierno contra la delincuencia, en tanto sólo un 15 por ciento la aprueba con el mismo énfasis. Para el 40 por ciento de los votantes la delincuencia es el problema número uno.

Sin embargo, nada hace que la aprobación a la gestión del presidente baje: según esa misma encuesta un 61 por ciento de los inscritos considera que el rumbo que lleva Venezuela es correcto y un 46 por ciento aprueba fuertemente la gestión del presidente, contra la opinión de un 17, que fuertemente la desaprueba. En las elecciones para gobernadores, realizadas en octubre de 2004, resultó que 22 de los 24 electos fueron chavistas. Y en las parlamentarias de 2005 los opositores se abstuvieron de participar, de modo que la Asamblea Nacional resultó exclusivamente oficialista.

El poco éxito que esa táctica abstencionista –que busca deslegitimar aquellos procesos de los que se aparta– ha tenido en este período de la historia venezolana es una posible explicación del cambio en la estrategia electoral opositora.

A pesar de los éxitos del gobierno persisten islas de retraso: no ha logrado, por ejemplo, avanzar en una estructura que le asegure coherencia y continuidad al proyecto. La figura de Chávez, sin el contrapeso de una estructura política que respalde y controle, sigue cargando sobre sus hombros con la suma de las responsabilidades. Muchas, a juzgar por los desafíos de la hora.

Aun así, solitario en el poder, autoritario, confrontativo, la mayoría de los electores considera que Chávez se preocupa por los problemas de la gente. Y que pase lo que pase desde el punto de vista electoral en los próximos años, Venezuela ya no será la que era antes del proceso bolivariano.